La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, volverá este martes ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el conocimiento de la acusación por presunta difamación e injuria presentada en su contra por el abogado Carlos Balcácer.
El pasado 6 de junio, los jueces de la Segunda Sala de la SCJ, Francisco Jerez Mena, Frank Soto, María Garabitos y Yorlin Vásquez, aplazaron la audiencia con el fin de que Ortiz compareciera asistida por un abogado, requisito necesario para continuar con el proceso.
Reclamo por daños y perjuicios
La querella surge a raíz de declaraciones ofrecidas por Mirna Ortiz a medios de comunicación en febrero de 2026, en las que afirmó que la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez lucía “desorganizada” y que estaba incurriendo en acciones que obstaculizaban el desarrollo del proceso judicial que se conoce en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Carlos Balcácer sostiene que esas afirmaciones son falsas y asegura que no participó en la audiencia a la que hizo referencia la fiscal. Según explicó, cuenta con una certificación del tribunal que demostraría que ese día no intervino en el proceso y que incluso se encontraba fuera de la jurisdicción correspondiente.
El abogado argumenta que las declaraciones de Ortiz afectan su reputación profesional, ya que podrían generar la percepción de que ejerce su labor de manera desorganizada o inadecuada ante sus clientes y la opinión pública.
Por esa razón, presentó una demanda en la que reclama una indemnización de RD$ 25 millones por daños y perjuicios.
No obstante, ha manifestado públicamente que no busca obtener beneficios personales con una eventual compensación económica y que, de recibirla, donaría los recursos a un cuerpo de bomberos.
Asimismo, Balcácer ha señalado que su intención no es que Mirna Ortiz sea condenada a prisión.
El jurista también ha rechazado que la demanda forme parte de una estrategia impulsada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez para presionar o intimidar a integrantes del Ministerio Público.
Según ha expresado, se trata de una acción estrictamente personal encaminada a proteger su honor, su imagen y el ejercicio de su profesión.
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