El Ministerio Público afirmó este martes que está preparado para presentar la acusación y las pruebas contra los integrantes de la presunta red criminal desmantelada mediante la Operación Gaviota, acusada de movilizar más de RD$ 4,239 millones y US$ 11.6 millones a través de un esquema piramidal que habría afectado a 332 víctimas.
El juicio de fondo contra los acusados está pautado para iniciar el próximo 15 de septiembre, ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla Pérez.
Durante la audiencia de este martes, el órgano acusador estuvo representado por los fiscales litigantes Miguel Crucey, Yudelka Holguín y Alexis Piña, quienes manifestaron al tribunal que el Ministerio Público se encuentra listo para presentar su teoría del caso y las pruebas que sustentan la acusación.
Los principales acusados
Entre los señalados como cabecillas de la estructura figuran Rafael Martínez Batista y su pareja, Eridania García Veloz de Martínez, además de Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
También fueron enviados a juicio O´neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D´Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel.
A estos se suman Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente. De acuerdo con la acusación, los imputados utilizaron un entramado de sociedades comerciales y cooperativas para captar el dinero de las víctimas.
Entre las entidades señaladas se encuentran IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.
También figuran Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.
Más de 650 pruebas sustentan el expediente
El expediente acusatorio cuenta con más de 650 pruebas, las cuales fueron consideradas suficientes por el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, para dictar el auto de apertura a juicio el pasado año.
El conjunto probatorio está compuesto por 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 pruebas documentales y 29 materiales.
El Ministerio Público sostiene que estas evidencias permitirán demostrar ante el tribunal la forma en que operaba la estructura, el mecanismo utilizado para captar los recursos y la participación que habría tenido cada uno de los acusados.
Un esquema que captó dinero de cientos de víctimas
Según la investigación, la red logró captar fondos de 332 personas en diferentes provincias de la República Dominicana.
Muchas de las víctimas, de acuerdo con el órgano persecutor, llegaron a hipotecar propiedades, comprometer sus ahorros personales y entregar importantes sumas de dinero bajo la promesa de obtener beneficios derivados de supuestas inversiones.
Los acusados presuntamente reclutaban a nuevos inversionistas y los convencían de que sus recursos serían colocados en operaciones legítimas y rentables.
Sin embargo, la investigación determinó que las empresas utilizadas para captar el dinero no contaban con los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni ante la Superintendencia del Mercado de Valores.
Ministerio Público señala que se trataba de un esquema Ponzi
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público determinó, según la acusación, que detrás de las operaciones no existían las inversiones legítimas en mercados internacionales que eran ofrecidas a las víctimas.
El órgano acusador sostiene que se trataba de un esquema Ponzi, mediante el cual los pagos prometidos a los primeros inversionistas eran realizados con los recursos aportados posteriormente por nuevos participantes.
De esta manera, la estructura necesitaba captar constantemente nuevos fondos para mantener el funcionamiento del sistema y cumplir parcialmente con los pagos ofrecidos.
Promoción mediante redes sociales
La acusación establece que los integrantes de la red utilizaron Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar las supuestas oportunidades de inversión y atraer nuevos participantes.
El Ministerio Público también acusa a los imputados de utilizar estados financieros falsificados y empresas de fachada como parte de los mecanismos empleados para generar confianza entre las víctimas.
A través de estas estrategias, el grupo habría logrado atraer a cientos de personas que entregaron sus recursos bajo la expectativa de obtener ganancias mediante las inversiones ofrecidas.
Habrían intentado ocultar el rastro del dinero
La investigación también señala que, después del colapso del esquema, los imputados habrían realizado acciones dirigidas a dificultar el rastreo de las operaciones y obstaculizar las investigaciones.
Entre estas acciones, el Ministerio Público cita la cesión de las acciones de algunas de las empresas utilizadas en el entramado, así como la desaparición de algunos de los involucrados de sus domicilios habituales.
Acusados de múltiples violaciones legales
El Ministerio Público atribuye a los imputados violaciones a diversas disposiciones legales, entre ellas artículos del antiguo Código Penal Dominicano.
También se les acusa de infringir la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley Monetaria y Financiera número 183-02, la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo en la República Dominicana y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Operación Gaviota
La estructura fue desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Gaviota, desplegada en junio de 2024.
A partir de las investigaciones, el órgano persecutor atribuyó a los principales acusados la creación y utilización de un entramado de empresas y entidades para captar dinero del público bajo aparentes oportunidades de inversión.
Ahora, con el proceso listo para entrar en la etapa de juicio de fondo, el Ministerio Público deberá presentar ante el tribunal las pruebas con las que busca demostrar la existencia del esquema, el perjuicio económico ocasionado a las víctimas y la responsabilidad penal que atribuye a cada uno de los acusados.
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