El Ministerio Público anunció que apelará la sentencia que descargó al entrenador de fútbol Celso Manuel Portela Álvarez, acusado de abuso sexual contra menores de edad y de crear, producir, adquirir y almacenar pornografía infantil en grandes cantidades.
El órgano persecutor considera que la decisión, emitida por el juez Miguel Alejandro Báez, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago, incurre en una inobservancia de la calidad, pertinencia y fuerza probatoria de los elementos presentados durante el juicio.
A través del recurso de apelación, el Ministerio Público busca que la corte revoque la sentencia dictada el pasado 28 de octubre de 2026, al considerar que el tribunal realizó una valoración errónea de las pruebas que, a juicio de la acusación, comprometen la responsabilidad penal del imputado.
El fiscal litigante José Euclides Vargas representó al órgano acusador durante el proceso judicial.
Portela Álvarez fue arrestado en 2024, luego de una investigación que se extendió durante varios meses y en la que las autoridades rastrearon su comportamiento en línea.
La investigación fue coordinada por el Departamento de Delitos Electrónicos de la Fiscalía de Santiago, en conjunto con la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), mediante el Sistema de Servicios de Protección en Línea para Niños en Internet (ICACCOPS).
Según el Ministerio Público, las pesquisas permitieron establecer que el acusado compartió y descargó grandes cantidades de material de pornografía infantil, actividad que generó una alerta internacional y permitió identificar la dirección IP del equipo utilizado para realizar esas acciones.
Las autoridades identificaron al procesado como propietario de Strikerz Academy, entidad que ofrecía entrenamiento de fútbol en varios colegios de Santiago, con el propósito de preparar y desarrollar talentos deportivos.
Como parte de las diligencias investigativas, el Ministerio Público obtuvo órdenes de allanamiento que permitieron ocupar múltiples dispositivos electrónicos, los cuales fueron sometidos a peritajes especializados.
El imputado enfrentaba cargos por presunta violación de los artículos 25 (párrafo III), 26, 396 (letra C) y 411 de la Ley 136-03, así como del artículo 24 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
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