El Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra nueve presuntos integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de cocaína, lavado de activos y tenencia ilegal de armas de fuego, desmantelada mediante la Operación Leopardo.
La acusación fue depositada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia contra Moisés Severino Inirio, alias el Flaco; Pedro Luis Cordero Espinal; José Ignacio de Jesús Mota, alias el Gordo; Daniela Sthefany Amancio Olaverría; Rafael Torrez Díaz; Wilson Rafael Severino Inirio; Antun Mrdeza, también identificado como Nikolas Boros; Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
Según el expediente acusatorio, la organización operaba en diferentes regiones del país y utilizaba villas, establecimientos comerciales, propiedades rurales y complejos turísticos de la zona este como centros para la recepción, almacenamiento y despacho de sustancias narcóticas.
La investigación, encabezada por los fiscales José Manuel Calzado, Pedro Medina Quezada y Lauterio Eduardo Javier Sánchez, bajo la coordinación de la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera y la procuradora fiscal titular interina de La Altagracia, Claudia Lorena Garrido, atribuye a los acusados distintas funciones dentro de la estructura criminal.
El Ministerio Público sostiene que la organización recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia a través de las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá.
Posteriormente, la droga era transportada por tierra y almacenada en inmuebles vinculados a los integrantes de la red, para luego ser trasladada en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico. Desde ese territorio, según la acusación, los cargamentos eran distribuidos hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos.
Dos grandes cargamentos de cocaína
Uno de los principales hechos investigados ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando las autoridades confiscaron 993 paquetes de cocaína, con un peso certificado de 1,027.15 kilogramos, que eran transportados en la embarcación denominada “Lucifer”, en la zona de Cap Cana.
Meses después, el 18 de octubre de 2025, las autoridades ejecutaron 17 allanamientos simultáneos, durante los cuales hallaron otros 666.27 kilogramos de cocaína.
Parte de esa droga, de acuerdo con el Ministerio Público, estaba almacenada en el establecimiento comercial Drinks Súper Fría, ubicado en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.
En conjunto, ambas operaciones permitieron vincular a la organización con 1,693.42 kilogramos de cocaína, equivalentes a casi 1.7 toneladas.
Roles dentro de la estructura
De acuerdo con la investigación, Moisés Severino Inirio desempeñaba el papel de principal coordinador logístico de la organización, mientras que Pedro Luis Cordero Espinal habría tenido funciones relacionadas con la coordinación internacional.
Por su parte, Daniela Sthefany Amancio Olaverría es señalada de desempeñar funciones financieras y logísticas dentro de la estructura.
Los demás acusados habrían participado en labores de almacenamiento y transporte de sustancias narcóticas, custodia de cargamentos, administración de establecimientos comerciales, movilización de dinero y ocultamiento de bienes.
Movimientos financieros millonarios
Los análisis financieros incorporados en la acusación permitieron identificar ingresos y fondos movilizados superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones, mediante cuentas bancarias, depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos financieros.
Según el Ministerio Público, durante la investigación fueron identificados patrones propios del lavado de activos, entre ellos depósitos fraccionados, conocidos como “pitufeo”, transferencias entre cuentas relacionadas y retiros inmediatos de dinero en efectivo.
También se identificó la utilización de personas interpuestas, sociedades instrumentales, operaciones inmobiliarias presuntamente sobrevaluadas, transferencias a través del sistema informal conocido como hawala y pagos realizados con criptomonedas, especialmente USDT en la red TRC20.
Bienes y activos bajo solicitud de decomiso
Como parte de la acusación, el Ministerio Público solicitó el decomiso de los bienes, valores, productos financieros e instrumentos que presuntamente estarían vinculados a las actividades ilícitas de la organización.
Entre los activos identificados figuran US$154,800 y RD$927,000 en efectivo, así como una villa de lujo en Cap Cana, adquirida mediante una operación valorada en US$820,000.
También fueron incluidos un apartamento ubicado en la Torre Emporium, en Santo Domingo; dos solares en el municipio San Antonio de Guerra y un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana.
La solicitud de decomiso también abarca diversos terrenos e inmuebles localizados en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.
Entre los bienes ocupados figuran las embarcaciones “Beto III”, “Fish On” y “Lucifer”, esta última utilizada para transportar el cargamento de más de una tonelada de cocaína ocupado en Cap Cana.
Asimismo, fueron identificados varios vehículos, entre ellos camionetas, yipetas y motocicletas, además de armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, rifles y un fusil calibre 5.56, junto con cargadores y numerosas municiones.
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de relojes de las marcas Rolex, Breitling, Diesel, Apple y Curren, así como cadenas, pulseras, anillos y otras prendas de apariencia áurea.
Además, el expediente incluye cientos de teléfonos celulares, computadoras, tabletas y otros dispositivos electrónicos, así como máquinas contadoras de dinero, equipos de comunicación y documentos financieros y societarios.
La acusación sostiene que una parte importante de estos bienes fue adquirida mediante pagos en efectivo, operaciones fragmentadas, sociedades de fachada y personas interpuestas, sin que los acusados pudieran justificar su procedencia a través de actividades económicas lícitas.
El Ministerio Público solicitó al tribunal admitir formalmente la acusación y dictar auto de apertura a juicio contra los nueve imputados.
También pidió que se mantengan las medidas de coerción y cautelares impuestas durante el proceso y que, una vez concluido el juicio, se ordene el decomiso definitivo de los activos presuntamente vinculados a las actividades ilícitas de la organización.
El caso es resultado de una investigación conjunta desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia.
En las pesquisas participaron además la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), y la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos (DIFLA), con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA).
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