El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la distribución de más de RD$ 6,000 millones correspondientes a aportes previsionales retenidos de docentes que durante años realizaron cotizaciones simultáneas en el sistema de pensiones de los maestros y en el régimen general administrado por las AFP. La medida busca corregir una situación que afectaba a miles de profesores cuyos aportes permanecían inmovilizados debido a vacíos operativos y normativos en el sistema de seguridad social.
Los recursos acumulados incluyen tanto las cotizaciones realizadas como la rentabilidad generada durante el tiempo que permanecieron retenidos. El problema surgió porque numerosos docentes trabajaban para el Ministerio de Educación y, al mismo tiempo, mantenían empleos adicionales en instituciones públicas o empresas privadas, generando aportes paralelos a dos esquemas previsionales distintos. Aunque los descuentos eran efectuados regularmente, una parte de esos fondos no había sido distribuida de manera efectiva entre los sistemas correspondientes.
La resolución aprobada por el CNSS establece que los aportes derivados de la relación laboral con el Ministerio de Educación serán acreditados al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima), mientras que las contribuciones realizadas a través de otros empleadores pasarán a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) correspondientes. De esa forma, los docentes podrán recibir en el futuro los beneficios generados por ambas cotizaciones, una demanda que durante años fue planteada por sectores del magisterio.
Aunque la decisión representa un alivio para miles de maestros, también pone de relieve las dificultades que ha enfrentado el sistema previsional para gestionar casos de doble cotización. Los recursos permanecieron acumulándose durante años sin que existiera un mecanismo definitivo para su distribución, situación que derivó en reclamos de organizaciones docentes y cuestionamientos sobre la administración de esos fondos. La dispersión deberá completarse en un plazo de hasta tres meses, según lo dispuesto por el organismo.
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