Durante la gestión del presidente Luis Abinader, la estructura superior de las Fuerzas Armadas atraviesa un proceso de recomposición. A través de decretos de ascensos, retiros y designaciones, el Poder Ejecutivo ha renovado parte de la cúpula militar y ha colocado en posiciones sensibles a oficiales considerados cercanos o confiables para el mandatario y sectores de la política oficialista.
Aunque forman parte de la carrera militar y de las atribuciones legales del Poder Ejecutivo, estos movimientos van más allá de simples nombramientos, porque redistribuyen espacios de influencia, ajustan las líneas de mando y tocan una zona sensible, donde la autoridad civil se cruza con la disciplina castrense.
La reorganización se ha sostenido en tres vías principales, ascensos, retiros y designaciones, a través de las cuales el Ejecutivo ha renovado gradualmente las áreas superiores de la estructura militar y ha reactivado una discusión recurrente sobre la influencia del ciclo político, los vínculos de confianza y los sectores de poder en la composición del alto mando.
No se trata de una práctica exclusiva de la actual administración, pues en distintos gobiernos el Poder Ejecutivo ha recurrido a mecanismos similares para reorganizar el mando de las Fuerzas Armadas, aunque el efecto acumulado de esos cambios mantiene abierta la discusión sobre si los ascensos responden principalmente al mérito profesional o también a la cercanía con quienes ejercen el poder.
Los decretos no solo registran movimientos de personal, sino que también reordenan la estructura institucional, por lo que la crítica no se dirige a la facultad legal del Ejecutivo sino a la necesidad de que esas decisiones se expliquen con criterios transparentes, verificables y compatibles con el mérito profesional, especialmente cuando involucran áreas estratégicas de defensa.
Legalidad, continuidad y fortalecimiento institucional
Desde la óptica oficial, los ascensos, retiros y designaciones forman parte de las facultades del Poder Ejecutivo y de los procedimientos previstos en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (139-13). Esa norma organiza la estructura militar dominicana y establece el marco legal en el que se administran la carrera castrense, la disciplina, la jerarquía y las responsabilidades institucionales de los cuerpos armados.
El discurso institucional suele presentar estos movimientos como mecanismos de continuidad, renovación y fortalecimiento operativo. En esa lectura, los cambios no buscan politizar el mando militar, sino ordenar la cadena de autoridad, relevar oficiales por antigüedad o servicio cumplido y colocar nuevos perfiles en funciones vinculadas a la defensa, la seguridad nacional, la inteligencia, la frontera y la protección de infraestructuras estratégicas.
Sin embargo, especialistas en defensa, seguridad y administración pública suelen coincidir en que el control civil sobre las Fuerzas Armadas es indispensable en un sistema democrático, aunque advierten que debe ejercerse con reglas claras para que la autoridad política no desplace los criterios de carrera, formación, experiencia operativa y desempeño profesional.
Desde esa perspectiva, el riesgo no está en que el Presidente designe, ascienda o retire oficiales, sino en que esos procesos carezcan de suficiente explicación pública, ya que cuando no se conocen los criterios que justifican una promoción o un retiro aumenta la percepción de que la confianza política puede pesar más que la trayectoria institucional, debilitando la moral interna y la credibilidad de la carrera militar.
Ministros y comandantes en los distintos ciclos políticos
Durante los gobiernos de Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012), las principales posiciones militares fueron ocupadas por oficiales que encabezaron el entonces Ministerio de las Fuerzas Armadas, luego Ministerio de Defensa. Entre ellos figuran Juan Bautista Rojas Tabar, Manuel de Jesús Florentino y Florentino, Sigfrido Pared Pérez, Ramón Antonio Aquino García, Pedro Rafael Peña Antonio y Joaquín Virgilio Pérez Féliz. En esos períodos también se produjeron designaciones en las comandancias generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Durante la administración de Danilo Medina (2012-2020), el Ministerio de Defensa estuvo encabezado por Sigfrido Pared Pérez, Máximo William Muñoz Delgado y Rubén Darío Paulino Sem, mientras que en las comandancias generales figuraron Rubén Darío Paulino Sem en el Ejército, Edwin Dominici Rosario en la Armada Dominicana y Ramón Manuel Hernández Hernández en la Fuerza Aérea.
En la gestión de Luis Abinader, el Ministerio de Defensa inició con Carlos Luciano Díaz Morfa y luego pasó a Carlos Antonio Fernández Onofre, mientras que en las comandancias generales han figurado Julio Ernesto Florián Pérez y Carlos Antonio Fernández Onofre en el Ejército, Ramón Gustavo Betances Hernández, Francisco Antonio Sosa Castillo y Bienvenido Crisóstomo Martínez en la Armada, así como Leonel Amílcar Muñoz Noboa, Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, Floreal Suárez Martínez y Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo en la Fuerza Aérea.
Visto en conjunto, el recorrido por los distintos gobiernos muestra que la reorganización del mando militar no pertenece a una sola administración, ya que los nombres cambian pero el patrón se repite, con cada ciclo político ordenando posiciones de confianza en la defensa nacional, una práctica legal que exige transparencia para evitar que el mérito quede subordinado a la cercanía con el poder.
El ascenso de una nueva generación de generales
Además de las designaciones, el Gobierno ha promovido ascensos a rangos superiores y ha dispuesto retiros conforme, según la versión oficial, a los procedimientos de la carrera militar. Con esas decisiones, la cúpula castrense ha cambiado de forma gradual: salen oficiales con largas trayectorias de servicio activo y entran nuevos perfiles a la línea de mando.
El eje del proceso está en la serie de decretos emitidos entre 2020 y 2026. Tomados en conjunto, esos actos administrativos muestran una recomposición sostenida del mando militar, con cambios que combinan promociones, salidas del servicio activo y reubicaciones en posiciones estratégicas.
El proceso comenzó en 2020, cuando los decretos 326-20 y 359-20 dispusieron cambios en la cúpula militar tras el cambio de gobierno. En esa primera etapa fueron designados Julio Ernesto Florián Pérez al frente del Ejército, Ramón Gustavo Betances Hernández en la Armada y Leonel Amílcar Muñoz Noboa en la Fuerza Aérea.
En 2022, el Decreto 100-22 dispuso una amplia serie de ascensos en las ramas militares. La medida elevó a varios oficiales a rangos superiores y amplió el grupo de generales y contralmirantes dentro de la estructura castrense, incluidos los llamados “generales del presidente”.
Entre 2023 y 2025, la dinámica continuó con nuevos decretos de ascensos, retiros y designaciones. En 2024, los decretos 114-24 y 115-24 dispusieron ascensos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de retiros en la Armada y la Fuerza Aérea. Ese mismo año, el Decreto 445-24 reorganizó posiciones clave del alto mando, con la designación de Carlos Antonio Fernández Onofre como ministro de Defensa y nuevos nombramientos en viceministerios, comandancias e inspectorías militares.
En 2025, los decretos 129-25 y 130-25 mantuvieron esa línea de renovación al disponer nuevos ascensos de coroneles a generales y colocar en retiro a varios altos oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea. Estas disposiciones muestran que la recomposición del mando no fue un hecho aislado de los primeros años de gobierno, sino un proceso sostenido que combinó promociones, salidas del servicio activo y reubicaciones en áreas estratégicas.
En 2026, el Decreto 135-26 incorporó nuevos ascensos y retiros en los estamentos militares, confirmando la continuidad de una política administrativa que combina renovación, salida de oficiales activos y colocación de nuevos mandos en posiciones estratégicas, mientras mantiene el foco en la necesidad de que esas decisiones se expliquen con criterios institucionales y no de conveniencia política.
Estos decretos fortalecen la idea de que la recomposición del mando no fue un hecho aislado de los primeros años de gobierno, sino una política administrativa sostenida. Su lectura institucional dependerá de que los criterios de ascenso, retiro y designación puedan explicarse con claridad ante la sociedad y ante los propios cuerpos armados.
Cuestionamientos sobre el poder político y la estructura militar
La reorganización del mando militar abre un debate sobre el equilibrio entre la conducción civil de las Fuerzas Armadas y la estabilidad de la carrera castrense, porque el problema no está en que el Presidente ejerza una atribución constitucional, sino en cómo se garantiza que esa facultad no debilite la profesionalización, la continuidad institucional ni la independencia técnica del mando militar.
Uno de los debates internos es si estos movimientos responden sobre todo a criterios profesionales, necesidades operativas y renovación institucional, o si también permiten a cada administración ampliar su margen de influencia sobre áreas estratégicas de las Fuerzas Armadas, una discusión relevante porque el mando militar concentra responsabilidades decisivas en defensa, disciplina interna, control de tropas y ejecución de políticas de seguridad nacional.
El balance final dependerá del desempeño de la nueva estructura en los próximos años, no solo por la cantidad de oficiales ascendidos o retirados, sino por la capacidad de las Fuerzas Armadas para convertir estos cambios en mejores resultados operativos, mayor coordinación institucional y una carrera militar menos expuesta a los vaivenes de la política, porque ahí estará la verdadera prueba de si la reorganización fortalece la institución o confirma que, en cada ciclo presidencial, el poder también se mide por quién manda en los cuarteles.
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