El abogado y catedrático José Manuel Jerez depositó este jueves 22 de octubre ante el Tribunal Constitucional (TC) 27 acciones directas de inconstitucionalidad contra disposiciones legales que, según los argumentos presentados en sus demandas, vulneran derechos y garantías reconocidos por la Constitución dominicana.
Las acciones forman parte de la primera etapa de la Iniciativa de depuración constitucional del ordenamiento jurídico dominicano, orientada a identificar normas que pudieran contradecir la Carta Magna y someterlas al control de la jurisdicción constitucional.
El inventario de las demandas abarca disposiciones del Código Civil, el Código Penal, el Código de Trabajo y varias leyes especiales, además de un decreto relacionado con la constitución de asociaciones de servidores públicos. Cada expediente identifica las normas impugnadas, los artículos constitucionales invocados y las pretensiones formuladas por el accionante.
Entre los temas abordados figuran la igualdad entre hombres y mujeres en las relaciones familiares, la capacidad jurídica de las personas sujetas a interdicción, los derechos de las personas con discapacidad y las condiciones para ejercer funciones de tutela y acceder a la función notarial.
También se cuestionan disposiciones sobre naturalización y revocación de nacionalidad, restricciones migratorias por motivos de salud o discapacidad, desheredación por razones morales y formalidades testamentarias que, según los argumentos de las demandas, podrían generar barreras para el ejercicio de derechos fundamentales.
En materia de libertad de expresión, varias acciones se dirigen contra disposiciones penales relacionadas con el hostigamiento, el ultraje a la función jurisdiccional, los montajes, la sátira y las expresiones sobre funcionarios públicos y asuntos de interés general.
El inventario incluye, además, cuestionamientos sobre el tratamiento de las objeciones fundadas en motivos religiosos o de conciencia, así como sobre la responsabilidad penal de las entidades religiosas.
En el ámbito laboral, Jerez impugna requisitos para constituir asociaciones de servidores públicos, las mayorías exigidas para votar una huelga y las condiciones establecidas para formar confederaciones sindicales.
Otras demandas se refieren a la duración mínima del internamiento, la atención oportuna en situaciones de peligro para la vida, la presunción de supervivencia entre personas llamadas a sucederse, la extinción de obligaciones alimentarias por nuevas nupcias y la participación en los consejos de familia.
Asimismo, el jurista cuestiona disposiciones relativas a la prisión por presuntos actos de fullería, la ejecución de confiscaciones o demoliciones mientras esté pendiente un recurso judicial y el alcance penal de determinados usos de seudónimos, nombres artísticos e identidades ficticias.
De acuerdo con el documento presentado, las acciones fueron elaboradas de manera independiente para facilitar el examen de cada disposición y de los argumentos constitucionales que sustentan su impugnación. Algunas solicitan la nulidad de determinados contenidos, mientras otras plantean interpretaciones compatibles con los derechos fundamentales.
Competencia del Tribunal Constitucional
Corresponderá al Tribunal Constitucional examinar la admisibilidad de las acciones y decidir sobre el fondo de las pretensiones. El depósito de las demandas no implica que las disposiciones cuestionadas hayan sido declaradas inconstitucionales.
Jerez sostiene que la iniciativa busca contribuir a la aplicación efectiva del principio de supremacía constitucional y promover que las normas vigentes sean examinadas a la luz de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, independientemente de su antigüedad.
La iniciativa continuará con una segunda etapa que contempla la revisión de leyes orgánicas y ordinarias, reglamentos y otras disposiciones normativas de alcance general, con el propósito de identificar posibles contradicciones constitucionales y someterlas a los mecanismos de control correspondientes.
José Manuel Jerez, catedrático de Derecho Constitucional y de otras disciplinas, desarrolla labores de investigación y divulgación sobre asuntos jurídicos y políticos de interés público, orientadas a acercar el conocimiento legal a la ciudadanía y fomentar el debate sobre los derechos fundamentales y las instituciones democráticas.
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