La administración Trump ha dejado a muchos abogados con la impresión de que, al menos en lo que respecta a la aplicación tradicional de las leyes contra los delitos de cuello blanco —el campo al que han dedicado sus carreras—, "no había policías patrullando en este momento".
Aunque el número de casos venía cayendo desde la crisis financiera, en 2025 se registraron menos procesamientos por delitos de cuello blanco que en cualquier otro año desde al menos 1986, de acuerdo con datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés).
El humor negro de cuello blanco
"¿Querés escuchar la mentira más grande que te van a contar aquí?", pregunta un destacado abogado penalista en una fiesta repleta de colegas que representan a presuntos defraudadores. "Es que están ocupados."
Durante dos días, en una conferencia anual para los abogados defensores de delitos de cuello blanco de Estados Unidos, el humor negro no cesa. Los letrados bromean repetidamente sobre la necesidad de reconvertirse profesionalmente o sobre no tener nada que hacer.
Algunos, sin embargo, aseguran estar efectivamente ocupados.
Un mercado en caída libre
Si bien las cifras de casos venían descendiendo desde la crisis financiera, en 2025 se registraron menos procesamientos penales por delitos de cuello blanco que en cualquier año desde al menos 1986, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC).
Aunque eso podría ser una buena noticia para algunos de los presuntos defraudadores que representan, es una mala noticia para los abogados.
Los socios más destacados del sector pueden facturar más de 2.000 dólares por hora. Las facturas legales por la defensa de Charlie Javice y un coimputado —condenados por defraudar a JPMorgan Chase al venderle su empresa emergente al banco— superaron los 100 millones de dólares, costos que JPMorgan calificó de "abusivos".
"A corto plazo, creo que todos deberíamos desarrollarnos en otras áreas de práctica", bromeó Baruch Weiss, abogado penalista en Arnold & Porter y ex fiscal federal, durante un debate en la conferencia organizada por la Asociación Americana de Abogados (ABA).
El desmantelamiento de la aplicación de la ley
Dado que Estados Unidos ha sido históricamente el hogar de los fiscales de delitos de cuello blanco más agresivos del mundo, sus consecuencias probablemente se sentirán a escala global.
"Mi preocupación es que [una menor aplicación de la ley] pueda llevar a un aumento de la delincuencia o a la falta de rendición de cuentas en ciertos ámbitos", señaló Breon Peace, socio de Cleary Gottlieb y ex fiscal federal jefe en Brooklyn.
Desde que Trump regresó al poder el año pasado, su administración pausó y luego reformuló la aplicación de una ley contra el soborno de funcionarios extranjeros, redirigió los recursos de los fiscales hacia la inmigración y elevó el umbral para los casos de criptomonedas.
El Departamento de Justicia (DoJ) ha utilizado recursos para investigar a los adversarios percibidos de Trump. El presidente indultó o conmutó las penas de decenas de criminales de cuello blanco, entre ellos el operador de Silk Road, Ross Ulbricht, y el cofundador de Binance, Changpeng Zhao. El DoJ está redirigiendo recursos hacia la División Nacional de Lucha contra el Fraude, que se enfocará en el uso indebido de fondos públicos, incluidos los programas de prestaciones sociales.
La SEC, en retirada
Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el organismo regulador cuyas investigaciones suelen derivar en causas penales del DoJ o correr en paralelo a ellas —y que genera una gran parte del trabajo de los abogados de cuello blanco—, adoptó una política de supervisión más laxa que durante la presidencia de Joe Biden.
Presentó 456 acciones de cumplimiento en el año finalizado el 30 de septiembre, la cifra más baja en dos décadas, y declaró este mes que había "puesto fin a la regulación mediante la aplicación coercitiva".
Elizabeth Warren, la demócrata de mayor rango en el Comité Bancario del Senado, envió el viernes una carta al presidente de la SEC, Paul Atkins, en la que afirmó que los datos "profundamente perturbadores" demostraban que el organismo había "abandonado en gran medida sus responsabilidades de aplicación de la ley" desde su nombramiento el año pasado.
La SEC declinó hacer comentarios sobre la carta.
La dotación de personal de la comisión también cayó un 9 % en 2025 y se prevé que disminuya otro 10 % este año. Otros organismos, como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC), también se han reducido.
Casos que aún avanzan
Algunos grandes casos penales de cuello blanco siguen adelante. Entre ellos se encuentran los procesos contra Daniel Chu, fundador del colapsado prestamista de automóviles de alto riesgo Tricolor Holdings; Patrick James, fundador de First Brands Group, y su hermano Edward; y Joshua Wander, cofundador de 777 Partners.
La sección de fraude del DoJ con sede en Washington —que representa una pequeña proporción del trabajo total en delitos de cuello blanco, pero tiende a cubrir casos más grandes y complejos— imputó a 265 personas en 2025, frente a las 234 del año anterior.
No obstante, la naturaleza de su trabajo ha cambiado. Impuso apenas 123 millones de dólares en multas por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una caída respecto de los 1.700 millones del año anterior. Procesó a más personas por fraude en el sistema de salud y priorizó casos de fraude comercial y evasión arancelaria, así como fraudes asociados a empresas chinas que utilizan estructuras de "entidad de interés variable".
La sangría de fiscales experimentados
Datos de la Oficina de Gestión de Personal de EE. UU. revelan que, dentro de las 94 unidades locales que aplican las leyes federales en todo el país y la oficina de Washington que las supervisa, hay 839 abogados menos que cuando Trump regresó al poder por primera vez.
El 78 % de los abogados contratados en esas fiscalías entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de enero de este año no tenía experiencia previa en el gobierno, según un análisis del ex analista de inteligencia del FBI Philip Fields. Quienes se fueron tenían, en promedio, casi 14 años de experiencia gubernamental.
"Al final del día, menos fiscales significa menos casos", afirmó Matt Graves, socio de Winston & Strawn y ex fiscal federal para el Distrito de Columbia. "Lo que estamos viendo es tanto ese desafío como un desafío de política."
Vanessa Roberts Avery, socia de McCarter & English y ex fiscal federal jefe en Connecticut, dijo que era "devastador tener un éxodo masivo". "Cuando no tenés personas con experiencia para liderar casos [de cuello blanco], va a ser casi imposible mantenerlos en marcha."
¿Quién llenará el vacío?
Para compensar la caída en los casos penales, algunos abogados defensores están asumiendo más trabajo civil. "Estoy de vuelta entre los comunes, haciendo litigios comerciales [y] esperando que la aplicación de la ley de cuello blanco se reactive un poco", bromeó John Gleeson, socio de Debevoise & Plimpton y ex juez federal, durante un panel en el evento de la ABA.
Algunos fiscales estatales esperan llenar los vacíos. "El concepto general es… si ellos no lo van a hacer, lo haremos nosotros", dijo Rob Bonta, fiscal general de California, al Financial Times. Señaló que su oficina estaba revisando los archivos Epstein y trabajando en casos antimonopolio y de protección al consumidor.
Sin embargo, las fiscalías estatales no están generalmente equipadas para procesar casos de delitos de cuello blanco a gran escala o de alta complejidad, que requieren equipos de investigadores. Además, no pueden aplicar las leyes penales federales en las que suelen centrarse esos casos.
La otra gran esperanza para los abogados defensores de cuello blanco es que los demócratas ganen el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de período de este año, lo que otorgaría a sus representantes, a través de los comités, el poder de emitir citaciones a empresas sobre sus relaciones con la administración.
"Los futuros presidentes y presidentas [de los comités del Congreso] han aprendido realmente… que ir tras actores del sector privado puede ser a menudo más fructífero que ir tras una administración", señaló Emily Loeb, copresidenta de la práctica de investigaciones del Congreso de Jenner & Block.
"El hecho de que haya menos procesamientos por delitos de cuello blanco en el sentido tradicional no significa que haya menos fraude o delincuencia de cuello blanco", advirtió Chuck Connolly, codirector del grupo de defensa de cuello blanco de Akin Gump. "En el futuro, habrá mucho trabajo para todos los presentes en esta sala".
(Por Kaye Wiggins en Nueva York y Stefania Palma en Washington. Reportaje adicional de Suzi Ring en Londres. © 2026 The Financial Times Ltd. Todos los derechos reservados).
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