Las autoridades y la Organización de Estados Americanos (OEA) iniciaron las mesas técnicas de trabajo relativas al plan de acción para la Hoja de Ruta de Centroamérica y República Dominicana, firmada en Washington, Estados Unidos, por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales, con el compromiso de prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos.
El encuentro busca articular esfuerzos con políticas alineadas que contribuyan al fortalecimiento institucional en la región y, con esto, a la seguridad nacional y ciudadana.
La estrategia, adoptada el 12 de febrero de 2025, será implementada en 10 años (2025-2035), con una revisión intermedia en 2030 e involucra, además, a Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.
Raful destacó que el plan está sustentado en cuatro ejes fundamentales: fortalecimiento normativo y coordinación interinstitucional; prevención de la violencia con armas de fuego; gestión del ciclo de vida de armas, municiones y accesorios; e investigación y persecución penal tanto del tráfico como del uso ilícito de estos materiales.
Estos pilares buscan actualizar marcos legales, prevenir desvíos, mejorar los controles fronterizos y promover políticas que integren el control de armas con estrategias de desarrollo.
“Sabemos y reconocemos que el crimen transnacional de todo tipo y todo lo que involucra no conoce fronteras; nosotros también debemos no conocer las fronteras y colaborar en información”, planteó.
Mientras, Esteban de la Torre, representante de la OEA resaltó el reflejo de la voluntad política de los siete países involucrados y puntualizó la herramienta práctica y participativa que con su operabilidad permitirá enfrentar los principales desafíos e interrumpir el ciclo de la violencia armada, con las acciones concretas a ejecutar en los próximos cinco años.
“Sabemos que requiere no solo políticas de control, sanción y persecución penal, sino atención a los factores de riesgo y el fortalecimiento del tejido social y comunitario, en el marco de estrategias con propuestas coordinadas y fundamentadas en el respeto a los derechos humanos”, indicó.
De su lado, Julia Sánchez, coordinadora residente del organismo en el país, subrayó la posición de colaboración de la República Dominicana como un punto estratégico para enfrentar el fenómeno. Enfatizó el trabajo del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec).
“El control de las armas no puede un país controlarlo ni manejarlo solo; requiere una colaboración y mecanismos multilaterales que deben trabajarse con los demás países para lograr un impacto regional”, sostuvo.
Sobre ese aspecto, Silvia de Pedro, asesora de proyectos de Unlirec, presentó la iniciativa de la Hoja de Ruta del Caribe, impulsada por la Comunidad del Caribe (Caricom) y adoptada como un compromiso político en mayo de 2019, luego de evaluar e identificar 30 acciones prioritarias sobre el tráfico de armas en la región.
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