La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi impuso un año de prisión preventiva a un agente de la Dirección General de Migración (DGM) y a un chofer de esa institución, acusados de cobrar sobornos y utilizar un vehículo oficial para transportar migrantes haitianos en condición migratoria irregular.
La medida de coerción fue dictada contra Gustavo Adolfo García Vásquez, agente migratorio adscrito al Departamento de Interdicción Migratoria en Puerto Plata, y Joel Antonio Castillo Reynoso, chofer de la misma dependencia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Elizabeth Paredes Ramírez, Yoneivy Alfredo González Mueses y Ernesto Guzmán Alberto, sostuvo que los imputados no cuentan con arraigo suficiente para garantizar su presencia en el proceso.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio, cuando ambos tenían la encomienda de trasladar a 32 ciudadanos haitianos indocumentados —31 hombres y una mujer— desde el Centro de Interdicción Migratoria de Puerto Plata hasta el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón, donde serían deportados.
Sin embargo, luego de completar esa misión, los imputados habrían aprovechado el viaje de regreso para transportar a otros 22 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, incluidos menores de edad, pese a que no estaban autorizados para abordar personas en el vehículo oficial.
Los dos fueron arrestados en flagrante delito por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial en el paraje Copey, municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi.
Pagos de hasta RD$ 40,000
El expediente señala que el camión oficial de la DGM levantó sospechas al desplazarse con migrantes en dirección contraria a la ruta habitual, luego de haber entregado horas antes a los 32 extranjeros en el centro de procesamiento de Dajabón.
Al inspeccionar el vehículo, las autoridades encontraron a los 22 migrantes en la parte trasera del camión. Ninguno portaba documentos que acreditaran su permanencia legal en el país.
Según el Ministerio Público, dos de los extranjeros declararon que un empleador los esperaba en Puerto Plata y que pagaría entre RD$ 22,000 y RD$ 24,000 por su traslado.
Las investigaciones establecen que los imputados presuntamente cobraban entre RD$ 12,000 y RD$ 40,000 por persona para facilitar el transporte de migrantes en condición irregular, pagos que se realizaban en efectivo o mediante transferencias, generalmente efectuadas por familiares desde Haití o República Dominicana.
El órgano acusador también sostiene que algunos de los migrantes eran captados a través de redes sociales o por agencias de viaje que ofrecían el ingreso al país o el traslado a otros destinos sin cumplir los requisitos legales.
Asimismo, la investigación descartó que los 22 extranjeros hubieran sido detenidos durante operativos regulares de interdicción migratoria, ya que sus nombres no aparecían en los registros oficiales de la Dirección General de Migración.
La jueza Javierca Gómez dispuso que ambos imputados cumplan la medida de coerción en la cárcel pública de Montecristi.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan y que los procesados enfrentan cargos por presuntos actos de corrupción, soborno y tráfico ilícito de migrantes, en violación de la Constitución, el Código Penal y la Ley 137 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, modificada por la Ley 46-25.
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