Juan Asael Martínez Pimentel, imputado en el proceso judicial que involucra al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y compartes, aseguró ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que los últimos años de su vida han transcurrido en lo que definió como un “limbo jurídico” sin final.
Durante su intervención ante el tribunal, Martínez Pimentel relató el impacto personal que, según afirmó, ha tenido sobre su vida permanecer sometido a un proceso penal durante 4 años, 5 meses y un día.
“Después de la muerte y de una enfermedad terminal, el verse envuelto en un proceso judicial es de lo peor que le puede pasar a una persona”, expresó.
El imputado manifestó que mientras su proceso judicial continúa, ha visto a personas cercanas nacer, crecer, emprender, alcanzar metas e incluso morir, mencionando el reciente fallecimiento de su abuela.
“Mientras que mi vida permanece en una especie de limbo jurídico que parece no tener final”.Juan Asael Martínez Pimentel.
Martínez Pimentel afirmó que cuando inició el proceso en su contra aún no había cumplido los 30 años y que actualmente tiene 35, asegurando que las restricciones derivadas del caso han afectado aspectos cotidianos de su vida.
Según expresó, no puede realizar operaciones bancarias, tiene limitaciones relacionadas con su vehículo y se ha visto impedido de desarrollar su vida con normalidad.
“He visto con mis propios ojos cómo los mejores años de mi vida se van entre mis dedos como la arena”, manifestó.
El acusado aseguró que su principal interés ha sido que el proceso avance y se produzca una decisión definitiva sobre su situación jurídica, negando haber utilizado mecanismos procesales con el propósito de retrasar el caso.
“Nunca he utilizado un mecanismo procesal con el propósito de retardar absolutamente nada. Todo lo contrario. Probablemente no haya habido dentro de este proceso un promotor más insistente que yo de que esto se conozca cuanto antes”, afirmó.
Martínez Pimentel sostuvo que incluso aceptó en un momento un criterio de oportunidad, pese a asegurar que estaba convencido de no tener relación con los hechos que se le imputaban, con el objetivo de que cesara la acción penal en su contra y poder continuar con su vida.
Asimismo, señaló que cuando tuvo que presentar su escrito de defensa lo depositó en un plazo de tres días y que, durante la etapa de instrucción, se adhirió a las pruebas presentadas por el Ministerio Público y renunció a la lectura íntegra de estas para contribuir con el avance del proceso.
El imputado también cuestionó su permanencia dentro del expediente y recordó que, según explicó, inicialmente el Ministerio Público había solicitado la separación de su caso, aunque posteriormente pidió que fuera reincorporado al proceso.
Martínez Pimentel afirmó que se opuso a esa reincorporación porque entendía que su situación podía ser conocida en pocas audiencias y no quería permanecer durante años dentro de un juicio en el que, según sostuvo, se conocerían cientos de pruebas y testimonios que no guardaban relación con él.
“Yo no he querido escapar de una decisión, todo lo contrario. Yo llevo años pidiendo justicia”, expresó.
Durante su intervención, aseguró además que fue incluido en el proceso como un supuesto mecanismo de presión para facilitar acuerdos que el Ministerio Público buscaba obtener con terceros, afirmación que presentó como parte de su defensa ante el tribunal.
“Hoy, magistradas, han transcurrido exactamente 4 años, 5 meses y un día. Quiero que recuerden ese tiempo, porque esa es la condena que yo he tenido que cumplir a pesar de ser inocente”, manifestó.
Finalmente, pidió a las juezas permitirle cerrar este capítulo de su vida y recuperar el tiempo que, según dijo, ha tenido que postergar sus proyectos personales, familiares y profesionales.
“Yo no les estoy pidiendo que me devuelvan el tiempo, porque yo sé que eso sería imposible. Lo único que les pido es que no permitan que me lo sigan arrebatando”, concluyó.
Juan Asael Martínez Pimentel está acusado de formar parte de una presunta red que habría manipulado procesos de licitación para la adquisición de alimentos e insumos destinados a los centros penitenciarios, con el alegado propósito de beneficiar económicamente al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
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