El exsegundo teniente de la Policía Nacional Juan Luis Jiménez Adames, conocido como Lindo, fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato a tiros de su pareja y de su suegra, además de herir a un hombre durante el ataque ocurrido en enero de 2025 en La Vega.
La sentencia fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de La Vega, que encontró al exoficial responsable de la muerte de Meylin Ariany Marte Rodríguez y Marisela Rodríguez Marte, así como de las heridas causadas a Franklin Ruiz Inoa, quien sobrevivió al ataque. La condena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el 18 de enero de 2025, alrededor de las 11:15 de la noche, Jiménez Adames irrumpió armado en la vivienda de su suegra, ubicada en el sector Los Robles, donde disparó contra las víctimas. Marte Rodríguez, madre de sus tres hijos, recibió ocho impactos de bala, mientras que su madre, Marisela Rodríguez Marte, también murió a causa de los disparos. Ruiz Inoa fue herido en ambos glúteos, pero logró sobrevivir.
La investigación estableció que horas antes del ataque, Marte Rodríguez había pedido ayuda a su madre debido a que, según el expediente, estaba siendo maltratada por Jiménez Adames. La mujer residía en Villa Altagracia junto al entonces oficial y sus hijos, y su madre la trasladó hasta su vivienda en La Vega, donde posteriormente ocurrieron los asesinatos.
Tras el doble feminicidio, el exoficial huyó y se ocultó en una zona boscosa de Villa Altagracia, específicamente en El Mogote. Las autoridades realizaron allanamientos y operativos de búsqueda, con apoyo de drones y helicópteros, hasta que Jiménez Adames se entregó el 24 de marzo de 2025, más de dos meses después de los hechos.
El Ministerio Público acusó al exoficial de feminicidio, violencia de género y violencia intrafamiliar agravada mediante el uso de un arma de fuego. Durante el proceso también se le atribuyó la violación de varios artículos del Código Penal y de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La acusación fue sustentada ante el tribunal por las fiscales Katherin Castillo y Yamilka de la Cruz. Las juezas Kathia Núñez, Carmen Miledys Sánchez y Lucrecia Rodríguez integraron el tribunal que dictó la pena máxima de 30 años de prisión.
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