Tras la promulgación de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, mañana martes 9 de diciembre entra en vigencia el Código Procesal Penal (CPP) luego de ser aprobado de manera consecutiva en ambas cámaras del Congreso Nacional. En jornadas intensas la pasada semana los legisladores se entregaron a trabajar para poder dar cumplimiento a la sentencia No. 0765-24 del Tribunal Constitucional, que ordenó sustituir la Ley 10-15, con la que se busca reforma está herramienta que dicta cómo se deben aplicar los procesos judiciales en materia penal en la República Dominicana.
Hace justo un año el Tribunal Constitucional había otorgado un plazo de “un (1) año” al Congreso Nacional para que elabore una nueva normativa que subsane la situación de inconstitucionalidad de la Ley 10-15. Concluido ese tiempo, esa norma “perderá automáticamente su vigencia y será excluida del ordenamiento jurídico, por las razones expuestas (…)”. En ese momento el TC indicó que la inconstitucionalidad se debía a la violación del procedimiento establecido para ley porque, tras las observaciones presidenciales sobre el artículo 110 referente al aborto, la Cámara de Diputados no siguió el procedimiento constitucional correcto.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, planteó a los medios de comunicaciones en una nota de prensa remitida por la Presidencia que entre los elementos destacables del texto promulgado este pasado domingo está la ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, incluyendo justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible ahora para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.
Además expresó que es igualmente notorio que esta reforma fortalece el derecho de defensa y las garantías al elevar los principios fundamentales y modernizar los procedimientos. Para Romero se refuerza la presunción de inocencia, se asegura la asistencia técnica integral para partes vulnerables, y se garantiza una aplicación más humana mediante el principio de favorabilidad procesal.
En sentido contrario se pronunció el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, quien planteó que existen preocupación en distintos sectores por las recientes reformas al Código Procesal Penal (CPP), al considerar que la pieza aprobada representa un retroceso en derechos y garantías fundamentales.
Para Pujols entre las 60 modificaciones aprobadas por el Congreso se desconocen principios establecidos en la Constitución, en decisiones del Tribunal Constitucional y en acuerdos internacionales firmados por el país.
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