El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat afirmó que los inmigrantes condenados en EEUU por delitos violentos deben enfrentar el sistema de justicia penal y, cuando la legislación así lo disponga, ser deportados a sus países de origen, aunque rechazó que esa medida se aplique a personas involucradas en infracciones menores.
Durante una entrevista televisada, el legislador sostuvo que existe una diferencia entre quienes han cometido crímenes violentos y aquellos involucrados en faltas de menor gravedad, por lo que consideró que las respuestas del Estado deben ser distintas.
Indicó que personas responsables de homicidios, violaciones sexuales u otros delitos de sangre deben ser sometidas a la justicia criminal y asumir las consecuencias legales correspondientes.
En caso de que la normativa contemple la deportación tras una condena, consideró que esa disposición debe ejecutarse.
"No creo que personas que han cometido infracciones o delitos menores deban ser deportadas", matizó al argumentar que muchos de esos casos involucran a padres y madres de familia que merecen una segunda oportunidad.
Recuerda experiencias con las políticas migratorias
En sus declaraciones, Espaillat también hizo referencia a las políticas migratorias estadounidenses de décadas anteriores y señaló que, aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aún no existía cuando era joven, las autoridades migratorias de la época actuaban "con dureza".
Aseguró haber vivido personalmente operativos migratorios en su entorno familiar, al recordar que agentes de inmigración visitaron su residencia.
Defiende el debido proceso
El congresista insistió en que los casos relacionados con delitos violentos deben ser tratados dentro del sistema de justicia penal, con las garantías del debido proceso y el establecimiento de responsabilidades antes de cualquier medida de deportación.
Reiteró que, una vez exista una condena y la legislación determine el retorno del condenado a su país de origen, esa decisión debe cumplirse conforme al marco legal.
El debate sobre las deportaciones de inmigrantes condenados por delitos continúa siendo uno de los temas centrales de la política migratoria en Estados Unidos.
Mientras algunos sectores promueven la expulsión de extranjeros con antecedentes penales, otros defienden un enfoque diferenciado que distinga entre delitos graves e infracciones menores y que preserve el principio de proporcionalidad en la aplicación de las sanciones.
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