La operatividad de la denominada "Operación Lanza del Sur" ha dependido de una red de apoyo técnico y territorial en el Caribe, consolidada desde el segundo semestre de 2025.
A partir de agosto de 2025, el despliegue naval de Estados Unidos se intensificó con la presencia de 12 buques de guerra, incluyendo los portaviones USS Gerald R. Ford e Iwo Jima.
En Trinidad y Tobago, el cambio de gobierno en mayo de 2025 facilitó la rehabilitación de pistas y la instalación de radares bajo supervisión de personal técnico estadounidense.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, se documentó el uso de las bases de avanzada en Aruba y Curazao para el monitoreo aéreo constante de la zona.
El 18 de diciembre de 2025, informes técnicos confirmaron que varias naciones del arco antillano autorizaron el uso de su infraestructura para tareas de vigilancia y reabastecimiento.
República Dominicana, junto a otros territorios de la región, sirvío como punto estratégico para la coordinación de actividades vinculadas a la seguridad hemisférica.
La isla de Granada autorizó la integración de equipos de radar en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop como parte de los acuerdos de cooperación vigentes.
Por su parte, la antigua base de Roosevelt Roads en Puerto Rico fue reactivada en el último trimestre de 2025, operando como el principal eje logístico del Caribe.
Este alineamiento técnico se tradujo en una postura política el 4 de enero de 2026, durante la reunión ministerial de urgencia de la CELAC.
En dicha cumbre, el grupo integrado por República Dominicana, Argentina, Panamá y Trinidad y Tobago impidió el consenso para condenar la intervención militar.
Compartir esta nota