El Gobierno del presidente Donald Trump anunció hoy que deportará a los haitianos que viven en EEUU como residentes legales permanentes que estén o hayan “apoyado y colaborado” con una pandilla haitiana Viv Ansanm, ahora considerada organización terrorista extranjera.
El anuncio se produce tras conocerse que el excandidato presidencial y empresario haitiano Reginald Boulos fue detenido este fin de semana en Miami por las autoridades migratorias estadounidenses y enfrenta una posible deportación a Haití mientras resurgen investigaciones pasadas de lobby y fraude, y hasta de financiamiento de bandas armadas.
Boulos renunció a la ciudadanía estadounidense para nacionalizarse haitiano y poder ser candidato presidencial.
Un comunicado de prensa del secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que "la presencia y actividades en nuestro país" de este tipo de personas "tienen consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior de Estados Unidos".
"Específicamente, el Departamento de Estado ha determinado que ciertas personas con estatus de residente permanente legal en Estados Unidos han apoyado y colaborado con líderes de pandillas haitianas vinculadas a Viv Ansanm, una Organización Terrorista Extranjera (OTE) haitiana", dice el texto oficial.
Explica que Viv Ansanm "es un factor impulsor de la violencia y la criminalidad en Haití, contribuyendo a la inestabilidad de la isla", por lo tanto "Estados Unidos no permitirá que esas personas disfruten de los beneficios de un estatus legal en nuestro país mientras faciliten las acciones de organizaciones violentas o apoyen a organizaciones terroristas criminales".
"Con esta determinación -concluye el comunicado-, el Departamento de Seguridad Nacional puede solicitar la deportación de estas personas en virtud de la sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Estas nuevas medidas demuestran el firme compromiso de la Administración Trump con la protección del pueblo estadounidense, el avance de nuestros intereses de seguridad nacional y la promoción de la seguridad y la estabilidad regionales".
El anuncio de este lunes es la última medida contra los haitianos que viven en EEUU que afrontan una ofensiva de deportación masiva decidida por Trump y Rubio y que ya registra el fin de otros dos estatus legales para los haitianos.
También llega en un momento en que grupos de derechos humanos cuestionan cómo la administración Trump determina las conexiones que considera con "organizaciones terroristas".
La declaración del secretario de Estado no reveló cuántas personas estaban siendo consideradas de esa forma ni ningún nombre
El Departamento de Estado calificó en mayo último a las bandas Viv Ansanm y Gran Grif de “organizaciones terroristas extranjeras”, calificándolas de “amenaza directa a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región”.
Esto siguió a la designación en febrero de ocho grupos criminales latinoamericanos como “organizaciones terroristas”, incluido el Tren de Aragua creada en Venezuela.
La administración ha utilizado la supuesta afiliación con la pandilla para justificar la rápida deportación de venezolanos que viven en Estados Unidos sin documentación bajo una ley de guerra del siglo XVIII conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, a quienes envió a El Salvador.
La comunidad haitiana que vive en Estados Unidos ha sido un blanco destacado de Trump, primero durante su campaña, cuando acusó falsamente a los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, de “comer” mascotas.
Desde que asumió el cargo, el gobierno ha buscado poner fin a varios estatus legales para los haitianos, incluido un programa especial de libertad condicional humanitaria bajo el expresidente Joe Biden, bajo el cual más de 200.000 haitianos ingresaron legalmente a Estados Unidos.
En mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración Trump poner fin al estatus especial.
La administración Trump también ha buscado poner fin al estatus de protección temporal (TPS) para los haitianos, un estatus legal otorgado a quienes ya viven en Estados Unidos y cuyos países de origen se consideran inseguros para regresar.
A fines de junio, a pesar de la crisis de delitos violentos que afecta a Haití, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, declaró que la nación caribeña ya no cumplía las condiciones para el TPS.
Sin embargo, a principios de este mes, un juez federal impidió que la administración detuviera prematuramente el programa antes de su finalización actualmente programada para febrero de 2026.
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