La plataforma Dominican@s por Derecho (DxD) advirtió que la desigualdad se ha profundizado en República Dominicana al conmemorarse este 23 de septiembre los 12 años de la Sentencia TC 168-13, que despojó a miles de dominicanos descendientes de migrantes del reconocimiento pleno de su nacionalidad.
Según la organización, la medida emitida por el Tribunal Constitucional en 2013 amplió una brecha social que, a su juicio, la actual gestión de gobierno no ha logrado reducir.
En el comunicado, DxD afirmó que la persistencia de esquemas discriminatorios en la administración pública, basados en el origen y la condición social, niega oportunidades de progreso y crea provincias de segunda categoría.
Indicó que los boletines del antiguo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) evidencian que la pobreza monetaria es más elevada en las provincias con mayor número de afectados por la sentencia.
"Factores como el desempleo, la falta de servicios básicos y el bajo nivel educativo agravan la vulnerabilidad de estas poblaciones", estableció la organización.
DxD subrayó que la ausencia de cédula de identidad, principal instrumento de reconocimiento civil, constituye la base de una extensa cadena de exclusión que impide el acceso a empleos formales, seguridad social, cuentas bancarias y atención médica de calidad.
La plataforma denunció que en 2024 se intensificaron los operativos de detención, frecuentemente basados en el perfil racial, lo que genera un clima de incertidumbre y somete a muchas personas a engorrosos procesos de depuración.
Aunque la Ley 169-14 buscó responder a la sentencia, miles de dominicanos siguen afectados por la parálisis administrativa de la Junta Central Electoral y del Ministerio de Interior y Policía, según el comunicado.
DxD señaló que 8,000 dominicanos que agotaron el proceso ante el Ministerio de Interior hace 10 años aún esperan la entrega de su documentación definitiva, lo que frustra a los ciudadanos y devalúa la inversión pública.
La plataforma hizo un llamado urgente al gobierno para implementar políticas genuinas de inclusión y cumplir con los compromisos pendientes que permitan la integración plena de estas personas.
“La lucha contra la exclusión documental es, en esencia, la lucha contra la pobreza y la inequidad”, concluyeron, y exigieron que el Estado cierre el círculo de exclusión y garantice el acceso efectivo a la ciudadanía.
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