La Cámara de Diputados aprobó este sábado, en primera discusión, el proyecto de ley que modifica varias disposiciones de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, previsto para entrar en vigencia a principios de agosto de 2026.
La iniciativa fue conocida en una sesión extraordinaria luego de que la Comisión Bicameral, presidida por el diputado Wandy Batista, rindiera su informe sobre las propuestas de modificación sometidas por distintos sectores.
En total, fueron aprobadas modificaciones a 32 artículos, de los cuales 24 fueron incorporados en comisión y 8 durante los debates en el pleno de la cámara baja.
Los artículos modificados
Entre los artículos aprobados figuran el 8, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas; el 11, relativo a la extensión de esa responsabilidad; el 121, sobre hostigamiento; el 122, sobre hostigamiento agravado; el 123, sobre hostigamiento cibernético; y el 124, sobre violencia doméstica o intrafamiliar.
También fueron incluidos cambios a los artículos 141, sobre plazo de prescripción; 144, sobre acoso agravado; 176 y 177, relacionados con proxenetismo y proxenetismo agravado; así como el 192, sobre difusión ilícita de contenido íntimo o reservado.
El proyecto además toca los artículos 207, sobre perjurio; 208, sobre difamación; 209, sobre difamación extorsiva; 211, sobre actos que no se consideran difamatorios o injuriosos; 214 y 215, sobre abandono de niños, niñas y adolescentes; 248, sobre bancarrota simple; 269, sobre violación de propiedad; 303, sobre malversación de fondos públicos; 310, sobre ultraje en el ámbito jurisdiccional; y 354, referente a la certificación falsa de estado de salud.
Cambios sobre difamación, ultraje y escrutinio público
Uno de los puntos revisados fue el relativo a la difamación, cuya pena sería reducida respecto al texto aprobado originalmente. La modificación también incorpora precisiones sobre los actos que no deben considerarse difamatorios o injuriosos, incluyendo salvaguardas para opiniones o señalamientos vinculados al escrutinio social y periodístico, siempre que estén sustentados.
Otro de los cambios relevantes recae sobre el denominado ultraje, que pasa a formularse como ultraje en el ámbito jurisdiccional. Con esta modificación, el alcance de la figura queda limitado a ofensas dirigidas contra jueces o fiscales durante procesos judiciales, en lugar de aplicarse de manera general a funcionarios públicos.
Malversación y responsabilidad penal de empresas
La modificación más severa en términos de aumento de penas se encuentra en el artículo 303, relativo a la malversación de fondos públicos. El nuevo texto propone elevar la sanción a un rango de cinco a diez años de prisión mayor.
En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los diputados introdujeron precisiones para establecer que una empresa podrá ser perseguida penalmente cuando se demuestre que toleró o se benefició de un acto ilícito cometido por alguno de sus empleados.
Los cambios relacionados con el régimen empresarial tendrían una entrada en vigencia posterior, con el objetivo de permitir que las compañías se adecuen a las nuevas disposiciones.
Hostigamiento y violencia intrafamiliar
El informe también modifica artículos vinculados al hostigamiento, sustituyendo el uso del término anglosajón “bullying” por una formulación en español.
Las penas se mantienen en un rango de 15 días a un año para determinados casos, pero pueden aumentar hasta 10 años cuando el hostigamiento tenga como consecuencia el suicidio de la víctima.
Asimismo, se incorporan ajustes relativos a la violencia doméstica o intrafamiliar, el acoso agravado, la difusión ilícita de contenido íntimo y el abandono de niños, niñas y adolescentes.
Oposición rechaza el proceso y cuestiona ausencia de las tres causales
La aprobación no contó con el respaldo de las bancadas opositoras. Diputados de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana votaron en contra de la pieza, al cuestionar tanto el ritmo del proceso como el contenido del proyecto.
La Fuerza del Pueblo presentó un informe disidente que fue rechazado por 104 votos contra 18. Legisladores de esa organización alegaron que el Congreso no tuvo tiempo suficiente para analizar las propuestas presentadas por abogados, universidades, partidos y entidades de la sociedad civil.
Desde el PLD, el rechazo también estuvo marcado por la exclusión de las tres causales para despenalizar el aborto en circunstancias excepcionales. Durante la sesión fue rechazada una propuesta del diputado Pedro Martínez, de Alianza País, que buscaba permitir la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corra peligro, cuando el embarazo sea producto de una violación o cuando el feto sea incompatible con la vida.
La pieza volverá al pleno este lunes
Tras la aprobación en primera discusión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a los legisladores para conocer nuevamente el proyecto este lunes a las 2:00 de la tarde, en una segunda discusión.
Si la pieza es aprobada en esa etapa, deberá ser enviada al Senado de la República, donde también tendría que ser conocida antes de completar el trámite legislativo correspondiente.
Un Código Penal aprobado, pero todavía bajo presión
La Ley 74-25 fue promulgada en agosto de 2025 para sustituir el antiguo Código Penal, vigente desde 1884. Sin embargo, incluso antes de su entrada en vigor, distintos sectores han pedido revisar disposiciones consideradas problemáticas o ambiguas.
El debate se ha concentrado en temas sensibles como la libertad de expresión, la difamación, el ultraje, la responsabilidad penal de las empresas, la violencia de género, la malversación de fondos públicos y la exclusión de las tres causales.
La rapidez del proceso también ha generado cuestionamientos, debido a que las modificaciones fueron aprobadas luego de pocos días de análisis legislativo y cuando falta poco para que el nuevo Código Penal comience a aplicarse en el país.
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