Para muchos militares retirados, viudas y tutores, el pago de un sueldo retroactivo no es solo una cifra depositada o un cheque entregado en una jornada oficial. Es la respuesta a una espera larga, marcada por trámites, promesas, necesidades familiares y la expectativa de recibir un derecho acumulado después de años de servicio en las Fuerzas Armadas.
Con un nuevo desembolso de RD$10,438,790.53, el Ministerio de Defensa volvió a colocar en el centro de su agenda social a esa población que, lejos de los cuarteles y de la vida activa, sigue dependiendo de que el sistema de retiro responda a tiempo.
La entrega, realizada a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA), correspondió al duodécimo pago de retroactivos y benefició a 194 personas.
El operativo forma parte de una línea de acciones que combina dinero pendiente, asistencia social, servicios de salud y programas de apoyo dirigidos a la comunidad pensionada militar.
De acuerdo con la institución, el pago se ejecutó por disposición del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, con el propósito de avanzar en la regularización de compromisos acumulados con retirados, viudas, tutores y familiares calificados.
Pagos acumulados durante el año
Durante 2026, el Ministerio de Defensa y la Junta de Retiro han desarrollado una secuencia de pagos retroactivos en beneficio de pensionados militares.
En febrero fue autorizada una entrega de RD$15,000,000 para 209 beneficiarios. En abril se ejecutó el décimo pago retroactivo, por RD$9,332,925.71, destinado a 158 pensionados. En julio se realizó otro desembolso de RD$10,090,919.44 para 137 personas, entre militares retirados, viudas, tutores y exmiembros de las Fuerzas Armadas.
Con esas entregas, más el duodécimo pago anunciado, los desembolsos citados en el proceso suman RD$44,862,635 y alcanzan a 698 beneficiarios, según los montos y cantidades informados para esas jornadas.
Más que pensiones: servicios y acompañamiento

La ayuda, sin embargo, no se limita al pago mensual de una pensión. Para muchos retirados, el apoyo de la Junta también se expresa en una consulta médica, una receta cubierta, una silla de ruedas, una orientación a tiempo o una respuesta cuando una viuda o un tutor necesita completar un trámite para acceder a un derecho familiar.
Por esa vía, los pensionados militares reciben beneficios vinculados al pago regular de sus pensiones, la gestión de sueldos retroactivos, orientación sobre derechos adquiridos, asistencia social, jornadas médicas, entrega de medicamentos, apoyo a viudas, tutores y familiares calificados, además de acompañamiento en trámites relacionados con prestaciones y programas de bienestar.
La política de acercamiento también ha incluido operativos médicos, jornadas cívico-sociales, equipos de movilidad, una ambulancia nueva y equipada para fortalecer la atención a los pensionados y la entrega de viviendas a retirados militares en San Isidro y Bayaguana.
En esos encuentros, Fernández Onofre ha dicho que el Ministerio de Defensa continuará llevando servicios a distintas provincias del país para acercar medicamentos, asistencia social y acciones de bienestar a quienes ya cumplieron su ciclo en la vida castrense activa.
Transparencia y sostenibilidad

El ministro de Defensa también ha defendido la protección social militar como una política que, según ha planteado, debe preservarse con transparencia, fortalecimiento institucional y sostenibilidad financiera.
Al encabezar la entrega de RD$600 millones a 327 militares retirados por concepto del Plan de Sueldo por Año, Fernández Onofre afirmó que esos recursos forman parte de los beneficios acumulados por los miembros de las Fuerzas Armadas durante su vida activa.
“Soy un defensor y abanderado de la seguridad social de los militares. Hay que preservarla y seguir tomando cuantas medidas y decisiones sean necesarias para garantizar su transparencia, fortalecimiento y sostenibilidad”, sostuvo.
Promesas en el almuerzo anual

El tema de los beneficios a los pensionados militares también ha tenido un espacio simbólico en el almuerzo navideño que el presidente Luis Abinader compartió el pasado año con miembros de las Fuerzas Armadas en condición de retiro.
Para muchos de los asistentes, ese encuentro no solo representa una tradición de fin de año, sino una oportunidad para escuchar de primera mano qué respuesta dará el Gobierno a sus reclamos acumulados.
En esa actividad, el mandatario reconoció que aún quedaban asuntos pendientes para alcanzar una mayor justicia social y mejorar la calidad de vida de los veteranos y sus familias.
Entre los anuncios figuró la entrega de más de RD$600 millones, a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, por concepto de sueldo anual a militares retirados durante 2025.
También informó la entrega de un bono navideño de RD$5,000 para todos los pensionados, previsto para el 5 de diciembre, como alivio económico en una época de mayores gastos familiares.
Otro de los compromisos anunciados fue la puesta en funcionamiento de una farmacia gratuita para militares pensionados, con apoyo del Ministerio de Salud Pública y Promese/Cal, donde los retirados podrían recibir medicamentos sin costo al presentar su receta médica.
En un sector donde la edad, las enfermedades crónicas y los ingresos fijos pesan cada mes, ese tipo de servicio adquiere un valor que va más allá del anuncio administrativo.
Voces de los beneficiarios
En las jornadas de pago, detrás de cada expediente aparece una historia distinta: un militar que dejó atrás la rutina del servicio, una viuda que reclama un derecho familiar, un tutor que gestiona en nombre de otro beneficiario o un hogar que esperaba esos recursos para completar compromisos básicos.
El presidente de la JRFPFFAA, general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, indicó que la materialización del pago respondió a las directrices del Ministerio de Defensa y permitió avanzar en la garantía de derechos y beneficios correspondientes a la comunidad pensionada militar.
También resaltó el respaldo del ministro Fernández Onofre a una gestión que definió como cercana y orientada a las necesidades de retirados, viudas, tutores y familiares calificados.
Durante la jornada, una de las beneficiarias resumió con pocas palabras el alivio que representó recibir los recursos. “Me siento muy bien”, afirmó, antes de agradecer al ministro de Defensa.
Otra beneficiaria, viuda del primer teniente Matos Cruz, dijo que esperaba un proceso más difícil, pero encontró acompañamiento en el camino. “Ellos le ponen la cosa fácil a uno”, expresó, al valorar la asistencia recibida durante la entrega.
Una deuda social con los retirados

Con esta nueva entrega, el Ministerio de Defensa y la Junta de Retiro intentan dar continuidad a una política de respuesta a la comunidad pensionada militar. El reto, sin embargo, no se agota en un acto de pago ni en una jornada de servicios: para muchos retirados, la verdadera medida de esos programas está en que los beneficios lleguen sin largas esperas y en que cada promesa se traduzca en una mejora concreta en su vida diaria.
La JRFPFFAA ratificó que continuará trabajando bajo las orientaciones del Ministerio de Defensa para fortalecer el bienestar integral de sus beneficiarios.
Para quienes sirvieron durante años en las Fuerzas Armadas, esos pagos, medicinas, viviendas, operativos y acompañamientos representan algo más que asistencia: son parte de una deuda social que el Estado procura saldar con sus veteranos, sus viudas y sus familias.
El reto, sin embargo, no se agota en un acto de pago ni en una jornada de servicios: para muchos retirados, la verdadera medida de esos programas está en que los beneficios lleguen sin largas esperas y en que cada promesa se traduzca en una mejora concreta en su vida diaria.
La JRFPFFAA ratificó que continuará trabajando bajo las orientaciones del Ministerio de Defensa para fortalecer el bienestar integral de sus beneficiarios.
Para quienes sirvieron durante años en las Fuerzas Armadas, esos pagos, medicinas, viviendas, operativos y acompañamientos representan algo más que asistencia: son parte de una deuda social que el Estado procura saldar con sus veteranos, sus viudas y sus familias.
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