El sociólogo Cándido Mercedes fue contundente este lunes en el programa Mirada Femenina: lo que ocurre con la Policía Nacional dominicana no es un problema de individuos ni de casos aislados. Es una política de Estado que lleva casi tres décadas instalada, que atravesó gobiernos de todos los partidos mayoritarios y que ha costado más vidas que la guerra civil de 1965 y que el COVID-19 juntos.
"Desde 1997 se diseñó, se instaló, lo que se llama política de Estado de dale para abajo", afirmó Mercedes, en referencia directa al primer gobierno de Leonel Fernández. "En 1996, cuando Leonel llega, hubo 90 muertos propiciados por los policías. En 1997 eso subió a 350. Cuando tú divides 350 entre 90, eso fue un 400% más".
Una institución nacida para servir al poder político
Para entender el presente, el sociólogo remontó el origen de la Policía Nacional a 1936, cuando fue creada como «un brazo armado del poder político» bajo la dictadura de Trujillo. "Era una policía subordinada 100% al poder político", explicó. Esa lógica, lejos de desmantelarse con la democracia, mutó y se profundizó.
Mercedes recordó que siendo joven visitaba el Palacio de la Policía y escuchaba la consigna de la era balaguerista: "Policía, los comunistas son tu peor enemigo". Una policía política, en sus palabras, que nunca fue reformada en su cultura institucional, aunque sí en el papel.
Las leyes que nadie aplicó
Hipólito Mejía promulgó una ley orgánica de la Policía en 2004. Danilo Medina hizo lo propio con la Ley 590-16. Ninguna se aplicó. "Eso es lo que tenemos: anomia institucional", señaló Mercedes. "Hacemos las normas, hacemos las leyes, pero hay una ausencia de aplicación. Esa ley es como si no existiera".
Un ejemplo concreto: la ley vigente establece un máximo de 20 generales en la institución. Hoy hay 52. "Ningún presidente todavía los ha quitado", denunció el sociólogo, aunque aclaró que una reducción gradual —10 por año— sería jurídicamente posible y políticamente manejable.
El récord más vergonzoso de América Latina
Los datos que aportó Mercedes son demoledores. La República Dominicana tiene la tasa de homicidios ocasionados por la Policía más alta de toda América Latina: entre el 20 y el 23% del total de muertes violentas son cometidas por agentes del Estado. El Latinobarómetro las clasifica como "muertes por los aparatos coercitivos del Estado" y las cataloga como abuso de poder.
"Este es el único país de América Latina donde la policía tiene la tasa de homicidio más alta ocasionada por ella misma", subrayó. En lo que va de 2026, la cifra asciende a 148 civiles muertos. Desde 1996 hasta hoy, el total acumulado supera los 7,135 muertos —más que los caídos en la guerra civil de abril de 1965 y más que las víctimas del COVID-19 en el país.
El 77% de esas muertes son registradas oficialmente como "intercambio de disparos", una categoría que Mercedes calificó de eufemismo. "Ahora le llaman acciones legales. Ustedes tienen que criticar eso", les dijo directamente a las periodistas Indhira Suero y Elvira Lora.
La narrativa que los medios han asumido sin darse cuenta
Uno de los señalamientos más duros del sociólogo fue dirigido a los propios medios de comunicación. "Sin darse cuenta, han asumido la narrativa de que la policía tiene derecho a matar delincuentes", afirmó. La reacción social, explicó, solo se activa cuando la víctima no tiene antecedentes penales. "La madre misma dice: 'Lo mataron y él no era delincuente'. Como que la policía tiene derecho a matar a los que sí lo son".
Esa lógica, advirtió, es funcional al sistema. "Nos duele Darlin, pero a mí me duelen los 148. Lo que yo no quiero es que sigan matando más".
La reforma en curso: real, pero insuficiente aún
Mercedes fue uno de los pocos analistas en reconocer que, por primera vez en la historia dominicana, existe un ejercicio serio de reforma policial. Citó datos concretos: 70 profesores con maestría y doctorado participan en el proceso formativo; la formación de nuevos agentes pasó de dos meses a nueve, con supervisión vigilada; y alrededor de 10,000 policías ya han recibido capacitación en derechos humanos y derecho constitucional. En Río San Juan, un centro de formación alberga a cerca de 3,000 efectivos en proceso de formación de seis meses.
"Ningún presidente lo había hecho", reconoció. Pero advirtió sobre el límite estructural del proceso: "Tú puedes formar perfectamente a los que entran, pero los que los mandan siguen siendo los mismos". La cúpula —generales, coroneles, tenientes coroneles— también debe ser sometida a formación, algo que la ley contempla pero que avanza lentamente.
"Una reforma policial no será de la noche a la mañana, sobre todo en un país como este. Esto dura entre 15 y 20 años", advirtió. "Somos una sociedad profundamente reactiva. Actuamos para ayer, no planificamos".
Lo que el presidente debe decir
Para Mercedes, el primer paso político es sencillo y no requiere legislación: "El presidente tiene que decir, con cinco malas palabras en la mesa si hace falta, que no quiere más muertos. Que en su gobierno no quiere más intercambio de disparo. Que eso no puede ser una política de Estado en el siglo XXI".
Y lanzó una advertencia final al sistema político en su conjunto: "La gente en los barrios le tiene más miedo al policía que al delincuente. Porque al delincuente lo conoce, interactúa con él. El mismo delincuente le tiene más miedo al policía que a los otros delincuentes. Y es duro cuando es así".
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