“Que denuncien y se querellen, no importa que no le hagan caso”. La frase, dicha con la crudeza de quien conoce cómo opera el Estado cuando el ciudadano toca la puerta equivocada, condensa una idea incómoda: en República Dominicana, muchas veces la denuncia no se formula para que haya justicia, sino para que quede un rastro. Un archivo. Una evidencia futura.
Eso plantea una pregunta que debería avergonzar a cualquier administración pública: ¿en qué país denunciar se convierte en un acto de fe y no en un derecho efectivo?
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo dice sin rodeos en la transcripción base de este texto: la impunidad se sostiene porque “no hay régimen de consecuencia” y porque lo que ocurre con las violaciones de derechos “está fuera de control por parte del Estado y las autoridades dominicales”. En su lógica —que no es teoría sino experiencia— el sistema produce un incentivo perverso: si el que viola no paga, la violación se repite. Y se vuelve rutina.
La denuncia como expediente: cuando el Estado “no quiere hacerle caso”
En su intervención, Mercedes insiste en dos recomendaciones: que toda persona violentada denuncie y se querelle, y que si el Estado ignora, la ciudadanía acuda a organizaciones de derechos humanos, donde —dice— hay un equipo jurídico dispuesto a acompañar.
Ese llamado no nace del idealismo, sino de un diagnóstico corrosivo: la institucionalidad no está garantizando justicia de manera consistente. La prueba es que, desde 2025, el país aparece una y otra vez en comunicados y reportes de organismos de derechos humanos por patrones que se repiten con distintos uniformes y distintos sellos.
Migración y “control”: cifras grandes, derechos pequeños
En 2025, Amnistía Internacional y el MOSCTHA presentaron un informe al Comité de Derechos Humanos de la ONU denunciando expulsiones colectivas y discriminatorias, perfilamiento racial y violencia en operativos migratorios. Ese reporte incluye cifras y alertas difíciles de relativizar: la propia Dirección General de Migración (DGM) reportó 251,011 expulsiones de personas haitianas en 2023, y la OIM señaló 181,925 personas deportadas en 2024, entre ellas más de 9,000 niñas, niños y adolescentes.
Pero el punto más grave no es solo el volumen: es el método. El informe recoge denuncias de uso excesivo de la fuerza (ahorcamientos, golpes, allanamientos sin orden judicial, irrupciones nocturnas), y afirma que el “Evidence Lab” de Amnistía verificó 12 videos entre julio de 2023 y julio de 2024 donde se observan detenciones, presencia de niños y centros de retención sin condiciones mínimas.
Y hay algo peor: condiciones de detención con denuncias de hacinamiento, falta de agua y comida, restricciones de comunicación, y denuncias de violencia sexual contra mujeres bajo custodia o durante deportaciones, incluyendo exigencias de “favores sexuales” a cambio de liberación, e incluso denuncias de violación.
En abril de 2025, en el marco del plan estatal para deportar hasta 10,000 personas por semana, Amnistía Internacional denunció que a inicios de ese mes ya se acumulaban más de 180,000 deportaciones bajo ese esquema.
En paralelo, el Gobierno avanzó con un protocolo que enlaza el acceso a salud con verificación migratoria. Amnistía fue tajante: exponer a deportación a una persona después de atenderla en un hospital “viola el derecho a la salud” y la disuade de buscar atención, poniendo vidas en riesgo.
La ONU también criticó esta medida. Según recogió Diario Libre, en un solo día el protocolo derivó en la detención de 87 pacientes haitianas embarazadas próximas a dar a luz; y el mismo reporte cita que la OIM recibió en la frontera a 416 migrantes haitianos deportados, incluyendo 11 mujeres embarazadas y 16 mujeres lactantes.
En noviembre de 2025, Amnistía Internacional volvió a actualizar el cuadro: más de 300,000 personas haitianas deportadas desde octubre de 2024, incluidas mujeres embarazadas y niñas y niños.
Frente a esas cifras y denuncias, la discusión ya no puede limitarse a “soberanía” o “control fronterizo”. El debate real es otro: ¿Qué controles existen para impedir que el control migratorio se convierta en un sistema de castigo racializado?
La letalidad policial y el “régimen de consecuencia” que no llega
Si en migración el Estado se muestra rápido para expulsar, en seguridad ciudadana el país carga con otra herida: la muerte en “intercambios de disparos” que rara vez se investigan con credibilidad pública.
Un reporte sobre el informe de la propia CNDH indicó que en 2025 se habrían producido 205 ejecuciones extrajudiciales, según registros extraoficiales sistematizados atribuidos a agentes de cuerpos de seguridad; además, que el 98 % de las muertes a manos de agentes correspondía a jóvenes entre 18 y 35 años, esto según estimaciones de la CNDH.
Diario Libre recogió, a su vez, que la CNDH hablaba de alrededor de 190 casos en 2025, y que tras sus investigaciones estimaba que entre 65 % y 70 % de esas muertes —estima— corresponderían a ejecuciones extrajudiciales comprobadas.
Aquí la transcripción de Mercedes encaja como llave en cerradura: sin consecuencias reales —penales, administrativas y políticas—, el sistema aprende que puede matar y seguir funcionando.
Defender derechos en un ambiente hostil
No es casual que Mercedes invite a ir “a los derechos humanos” cuando el Estado no responde. Desde 2025, Amnistía Internacional también ha descrito un entorno en el que defender derechos se paga caro: amenazas, acoso digital, boicots, impunidad, y ausencia de una política pública efectiva de protección.
El mensaje de fondo es preocupante: cuando la defensa de derechos se vuelve un blanco, el país pierde un mecanismo esencial de equilibrio democrático. Y cuando además esa defensa ocurre en el terreno más inflamable —migración, racismo, nacionalidad—, el silencio no es neutral: es funcional.
Discriminación institucional: el Estado también discrimina, aunque luego corrija
En noviembre de 2025, Human Rights Watch informó que el Tribunal Constitucional derogó disposiciones que penalizaban a oficiales por mantener relaciones sexuales consentidas con personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. HRW lo describió como el fin de un régimen estatal de discriminación que violaba derechos humanos de agentes LGBT.
Que esa corrección haya ocurrido es positivo. Pero el hecho de que esas normas existieran y operaran durante décadas evidencia un problema mayor: la discriminación no siempre viene de “malas prácticas”; a veces ha estado escrita en códigos oficiales.
Cierre: el país del expediente y la deuda de la justicia
En el Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo, presentado el 10 de diciembre de 2025, se consignó que el 50% de las personas consultadas señaló a la Policía Nacional como la institución que más vulnera los derechos.
Si la ciudadanía identifica a la institución encargada de “proteger” como la principal agresora, y si —como advierte Mercedes— el Estado no impone consecuencias, entonces denunciar se vuelve lo que él describe: una estrategia para dejar constancia en un país donde la justicia llega tarde… o no llega.
La pregunta que queda no es si la gente debe denunciar. Mercedes ya dio su respuesta, y es sensata: sí, aunque no le hagan caso.
La pregunta real, la urgente, la que debería ocupar al poder, es otra: ¿Cuándo el Estado dominicano va a dejar de exigir valentía individual para compensar la falta de institucionalidad? Porque los derechos no pueden depender de cuánto aguante tenga la víctima, ni de cuánto tiempo aguante un expediente guardado esperando un futuro más decente.
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