La necesidad de mantener en prisión preventiva durante 18 meses a los imputados en el caso Senasa 2.0 será uno de los principales puntos de discusión en la audiencia de medida de coerción, a juicio del abogado Gerardo Rivas, representante de dos de los médicos procesados.
Rivas sostuvo que, aunque la investigación puede ser declarada compleja por la cantidad de personas involucradas y los hechos investigados, esto no significa necesariamente que todos los imputados deban permanecer en prisión preventiva durante el período solicitado por el Ministerio Público.
El abogado señaló que parte de las informaciones que, según expuso el órgano acusador, sustentan la investigación corresponde a los años 2021 y 2022. A partir de ese elemento, cuestionó que sea necesario disponer de 18 meses para completar las pesquisas.
“Sobre esa base quizás no sea necesario tanto tiempo”, sostuvo Rivas, quien planteó que la duración de una medida de coerción debe guardar relación con las diligencias que todavía deban realizarse durante la investigación.
Defensa prepara los arraigos
El abogado explicó que el aplazamiento de la audiencia anterior permitió a la defensa recopilar documentación para acreditar el arraigo de sus representados, uno de los elementos que serán presentados al tribunal para oponerse a la prisión preventiva.
“La audiencia para la medida de coerción casi todo gira en torno al arraigo”, afirmó.
Rivas también señaló que la incorporación de documentos por medios digitales ha facilitado el trabajo de los abogados y de las demás partes involucradas en el proceso.
La defensa solicitará que sus representados enfrenten el proceso mediante alguna de las medidas alternativas a la prisión preventiva contempladas en el artículo 226 del Código Procesal Penal.
Ministerio Público pide 18 meses para 25 imputados
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas arrestadas durante la Operación Senasa 2.0-A y pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional en un expediente de unas 525 páginas, en el que los fiscales detallan los elementos que, según sostienen, sustentan las imputaciones.
Entre los imputados figuran exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y otras personas vinculadas al sector salud. El Ministerio Público investiga un presunto esquema de sustracción de fondos de la ARS estatal y sostiene que el monto involucrado supera los RD$40 millones.
A los imputados les atribuye, de manera individual según el expediente, delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La audiencia de medida de coerción constituye ahora el escenario en el que el tribunal deberá valorar los argumentos del Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva y los de las defensas, que plantean medidas menos gravosas para sus representados.
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