La extracción de materiales en República Dominicana atraviesa una “semana negra”. Entre el jueves 22 y el martes 27 de enero, tres personas perdieron la vida sepultadas bajo toneladas de tierra en dos extremos del país.
La tragedia ha trazado una línea de luto que atraviesa literalmente el mapa de Sur a Norte. En un trayecto de poco más de 200 kilómetros, la ruta que separa a San Gregorio de Nigua de Sosúa, la minería ilegal ha dejado un saldo fatal, demostrando que, aunque los accidentes ocurrieron en extremos opuestos, ambos comparten el mismo trasfondo: la operación a espaldas de la supervisión ambiental y la seguridad laboral.
La trampa mortal de Nigua
El primer golpe ocurrió la mañana del jueves 22 en San Cristóbal. En la mina de agregados Aremax, el estruendo de un derrumbe rompió la rutina a las 11:30 a.m.
Eloy Peña, de 55 años, operaba una retroexcavadora cuando el terreno cedió. La tierra no dio tregua. Los organismos de socorro, encabezados por la Defensa Civil, trabajaron durante más de 12 horas en una carrera contra el tiempo que terminó de la peor manera: el cuerpo sin vida de Peña fue recuperado a las 12:12 de la madrugada del viernes.
Lo más grave de este caso no fue solo el accidente, sino el escenario: Eloy Peña murió trabajando en una mina que legalmente no debía existir.
Según confirmó el Viceministerio de Suelos y Aguas, la mina Aremax había sido clausurada definitivamente en septiembre del año pasado. Las autoridades la habían cerrado por depredación ambiental, al exceder los límites de extracción permitidos.
Sin embargo, en un acto de desafío a la ley, los propietarios continuaron operando en la clandestinidad, convirtiendo el lugar en una trampa que finalmente cobró una vida.
“Es evidente que esta empresa operaba al margen de los criterios técnicos… con el agravante de hacerlo sin permiso”, sentenció el ambientalista Luis Carvajal, miembro de la Comisión Ambiental, quien visitó la zona junto a las autoridades para asegurar que el peso de la ley caiga sobre los responsables.
Duelo en Puerto Plata: Padre e hijo
Sin que el sector se recuperara de la noticia en Nigua, la tragedia se repitió cinco días después en la Costa Norte. La noche del martes 27 de enero, en la comunidad de Cangrejos, Sosúa, un nuevo derrumbe en la mina conocida como “El Cangrejo” segó dos vidas de una misma familia.
Las víctimas no eran desconocidas para la comunidad. Se trataba de Nicolás Domínguez Martínez, de 62 años, un exsecretario general del Sindicato de Camioneros de Sosúa, y su hijo, Yariel Nicolás Domínguez, de 24 años.
Ambos fallecieron aplastados mientras realizaban labores de mantenimiento y prueba de equipos pesados. Al igual que en el caso de San Cristóbal, la informalidad jugó un rol clave.
El Ministerio de Medio Ambiente reveló que el proyecto no contaba con permisos vigentes para la extracción ni el transporte de materiales.
Más alarmante aún es que existían informes técnicos previos advirtiendo sobre la inestabilidad del terreno en esa zona, recomendaciones que fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde. Padre e hijo fueron sepultados la tarde del miércoles en el cementerio municipal, en medio de la consternación del sector de transporte de la provincia.
“Tolerancia Cero” y consecuencias penales
La coincidencia de estos eventos ha obligado a las autoridades a endurecer el discurso y la acción. El Ministerio de Medio Ambiente, junto al Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y la Procuraduría Especializada, han intervenido ambos lugares con una promesa de “tolerancia cero”.
En el caso de Aremax (San Cristóbal), la situación legal es crítica para los propietarios. Al tratarse de una empresa reincidente que violó una orden de cierre, el viceministro Davis Aracena confirmó que se procederá con el sometimiento judicial inmediato.
“Además del cierre definitivo, los propietarios… violaron los límites del polígono autorizado y no realizaban una explotación sostenible”.
Davis Aracena.
Presuntamente, el Senpa mantendrá una vigilancia militar permanente en la zona de Nigua para evitar que las máquinas vuelvan a encenderse ilegalmente.
Además de enfrentar la justicia penal por las muertes y el daño ecológico, los dueños de estas minas enfrentan la obligación legal de costear la remediación ambiental total de los terrenos devastados.
Esta racha de fatalidades pone de manifiesto, que en la minería ilegal, cuando se ignoran los límites de la naturaleza y la seguridad, la tierra no cobra su precio en multas ni clausuras; lo cobra, irremediablemente, en vidas humanas.
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