El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís aplazó para el próximo 2 de octubre la audiencia para conocer la acusación del Ministerio Público contra Orlando Ramírez Medina, oficial del Ejército, procesado por presuntos hechos de violencia de género e intrafamiliar y trata de personas en perjuicio de su expareja.
La procuradora adjunta María del Carmen de León, de la Dirección de Dictámenes y Litigios ante las Altas Cortes, quien forma parte del equipo litigante del Ministerio Público, explicó que la audiencia fue aplazada por falta de quórum, debido a que el tribunal no fue conformado de manera completa.
“Es un tribunal colegiado y solo vino una juez, entonces ella reenvió para el 2 de octubre el conocimiento de esta causa”, dijo la procuradora adjunta a periodistas al salir del tribunal.
Ministerio Público dice estar listo
De León recordó que, en la audiencia anterior, celebrada el 27 de mayo, la víctima no fue trasladada al tribunal, por lo que deploró las situaciones que, según dijo, se han presentado de manera recurrente e impedido el avance del juicio.
Indicó que en mayo la audiencia fue suspendida para el 27 de julio, pero los jueces se inhibieron alegando que ya habían conocido un proceso penal que involucra a la víctima.
“El Ministerio Público está listo para conocer su acusación. Siempre estamos listos, ya lo demás escapa a una respuesta de nosotros”, expresó.
La procuradora adjunta calificó el caso como delicado, por tratarse de presuntas violaciones de derechos fundamentales.
“Estamos hablando aquí de violación de derechos fundamentales que están bien garantizados, no solamente por la Constitución, sino, también, por los pactos internacionales, como la Convención de Palermo”, señaló.
Equipo litigante
El equipo del Ministerio Público a cargo del caso está integrado por la procuradora adjunta María del Carmen de León; la procuradora de corte Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y la fiscal América Ramírez, en representación de la Fiscalía de San Pedro de Macorís.
Sobre el proceso penal
De acuerdo con el Ministerio Público, Ramírez Medina, quien también es empresario, habría cometido los hechos contra su expareja, una ciudadana venezolana a quien presuntamente agredió físicamente en diferentes ocasiones.
El órgano acusador sostiene que el encartado ha utilizado de manera recurrente tácticas dilatorias para entorpecer el desarrollo del proceso penal, que comenzó hace unos seis años.
La investigación fue realizada por la Fiscalía del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales y la PETT.
Según el expediente, el 13 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 7:10 de la mañana, en la residencia del procesado, ubicada en el sector Hazim, de San Pedro de Macorís, Ramírez Medina habría agredido físicamente y amenazado de muerte a la víctima.
Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de fecha 13 de noviembre de 2019, establece que la víctima presentó múltiples traumas en el antebrazo derecho y la pierna derecha.
El caso fue denunciado ante la Unidad de Atención a Víctimas por Violencia de Género de San Pedro de Macorís. El Ministerio Público afirma que en otros hechos Ramírez Medina golpeó a la víctima en varias ocasiones y continuaba amenazándola de muerte y con gestionar su deportación de República Dominicana.
Durante las pesquisas, la víctima fue evaluada y, según el expediente, presentaba múltiples traumas, abrasiones y heridas contusas en la región parietal del cráneo, ambos brazos, pierna derecha y tórax posterior, así como pérdida de las uñas del dedo índice y del dedo mayor de la mano derecha.
Las evaluaciones psicológicas también establecen la presencia de niveles muy altos de ansiedad, tensión, preocupación constante, irritabilidad, dificultad con el sueño y alta sintomatología de depresión.
Señalamientos por trata de personas
El Ministerio Público sostiene, además, que la mujer fue víctima del delito de trata de personas y que su tratante y agresor era su excompañero sentimental.
El órgano persecutor indica que constató que el procesado habría contactado a la víctima a través de redes sociales, le facilitó los medios para traerla al país y luego la explotó laboralmente, ejerciendo fuerza, abuso de poder y aprovechándose de su vulnerabilidad.
Según la acusación, esas acciones habrían establecido una relación servil, limitando su libertad ambulatoria y su derecho a la intimidad.
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