El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) confirmó este martes que la persona adulta mayor residente en Santo Domingo Este, cuya situación generó una denuncia pública por presunto "secuestro institucional", se encuentra bajo la intervención del Ministerio Público en el marco de lo que la institución denominó "situaciones especiales".
A través de un comunicado oficial, CONAPE indicó que se mantiene "atenta para velar por la protección de sus derechos y su bienestar", amparada en las disposiciones de la Ley 352-98, que regula la protección integral de las personas envejecientes en la República Dominicana.
La denuncia que encendió las alarmas
El caso trascendió a la opinión pública luego de que se denunciara públicamente un presunto secuestro institucional del adulto mayor, en una situación que, según los denunciantes, estaría vinculada a la protección de un general de las Fuerzas Armadas.
En ese contexto, también se denunció la detención arbitraria de la abogada Fernanda Frías, quien habría intentado intervenir en defensa del envejeciente. Según la denuncia recogida por Acento.com.do, estas acciones habrían sido ejecutadas precisamente para blindar al militar involucrado.
La respuesta institucional
La reacción de CONAPE reconoce la gravedad de la situación al confirmar la intervención del Ministerio Público. La institución no precisó en qué consisten las "situaciones especiales" que motivaron dicha intervención, ni ofreció detalles sobre el estado actual del adulto mayor o de la abogada Frías.
La Ley 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente establece que el Estado dominicano tiene la obligación de garantizar a este sector de la población el pleno ejercicio de sus derechos, incluyendo la libertad, la integridad física y la protección contra cualquier forma de abuso o retención indebida.
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