El Colectivo Migración y Derechos Humanos presentó una propuesta estratégica para que República Dominicana establezca una política migratoria de Estado con una proyección a largo plazo, hasta el año 2045.
La iniciativa fue entregada formalmente en el marco del Diálogo Nacional que organiza el Consejo Económico y Social (CES).
El plan busca superar los enfoques coyunturales y de corto plazo para gestionar los flujos migratorios en el país.
La propuesta se fundamenta en los principios de derechos humanos, no discriminación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se enfatiza la necesidad de garantizar a toda persona migrante el acceso a servicios esenciales como salud, educación y justicia, sin importar su estatus migratorio.
Para lograrlo, se plantea reforzar el sistema nacional de información migratoria y asegurar su interoperabilidad entre las instituciones competentes.
El colectivo recomienda dinamizar el Consejo Nacional de Migración, organismo responsable por ley de coordinar estas políticas.
En el ámbito internacional, se sugiere fortalecer la cooperación con países de origen, tránsito y destino para una gestión ordenada de los flujos.
Se alienta la participación activa del país en plataformas multilaterales como el SICA, la OIM y Naciones Unidas.
Institucionalmente, se plantea la urgencia de fortalecer las capacidades del Estado dominicano para liderar la política migratoria de forma técnica y coherente.
Esto incluye la formación del personal de Migración, Salud, Educación y cuerpos de seguridad en atención intercultural y gestión humanitaria.
El documento recomienda establecer mecanismos de regularización viables y periódicos, especialmente en sectores clave como la agricultura y la construcción.
Además, se llama a modernizar los controles fronterizos con tecnología y personal capacitado, siempre bajo el respeto a la dignidad humana.
La propuesta articula la política migratoria con los planes nacionales de desarrollo territorial, económico y social.
Finalmente, se subraya que ninguna política será legítima sin una amplia participación social, incluyendo a la sociedad civil, el sector privado y las propias comunidades migrantes.
Compartir esta nota