El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) denunció este lunes una serie de violaciones sistemáticas cometidas en operativos migratorios en República Dominicana, incluyendo deportaciones de menores no acompañados, detenciones arbitrarias de personas con documentos en regla y allanamientos sin orden judicial.
Durante La solidaridad es mi bandera, una actividad pública celebrada en Universidad Autónoma de Santo Domingo, la organización exigió al gobierno detener de inmediato estos procedimientos, señalando que atentan contra la legalidad y los derechos fundamentales, y afectan especialmente a mujeres embarazadas, envejecientes y personas en proceso de regularización.
También denunciaron que, pese a pagar los trámites correspondientes, decenas de personas siguen sin poder renovar su estatus migratorio debido a retrasos institucionales que luego se usan para justificar su deportación.
“Sin citas, sin atención y con procesos paralizados, el propio Estado está forzando a personas a la irregularidad”, expresó el colectivo.
Política migratoria justa y sostenible
Frente a este panorama, el CMDH demandó una política migratoria que respete el Estado de derecho, con procesos transparentes, accesibles y ajustados a la legalidad nacional e internacional.
“Regularizar no es dar nacionalidad. Es establecer orden y reglas claras para todos. Sin regularización, solo hay mafias, abuso y descontrol”, dijeron los voceros del colectivo.
Además, señalaron que la persecución y criminalización no resuelven el problema migratorio, sino que generan mayor inseguridad, inestabilidad laboral y violencia institucional.
En la actividad participaron figuras como el congresista dominico-estadounidense Adriano Espaillat, la periodista Altagracia Salazar, el empresario Fernando Capellán, el economista Antonio Ciriaco, la representante de la ONU en el país Julia Sánchez, líderes comunitarios y sindicales, y diversas organizaciones sociales.
Todos coincidieron en la urgencia de detener los atropellos y redefinir el enfoque migratorio del país.
“Este no es un asunto de izquierdas o derechas, sino de humanidad, ley y futuro común”, afirmó uno de los expositores.
Las denuncias también incluyeron separaciones forzadas de madres y sus hijos recién nacidos, y redadas en comunidades y centros médicos sin orden judicial, violando múltiples normativas nacionales e internacionales. También se reportaron robos de celulares y dinero durante detenciones, y agresiones sexuales a mujeres retenidas.
“No es que el sistema no funciona. Es que se está usando para causar daño”, afirmaron desde el CMDH.
El colectivo saludó la apertura al diálogo anunciada por el Consejo Económico y Social (CES), y reiteró que cualquier política migratoria sostenible debe centrarse en el respeto a los derechos humanos, la eficiencia institucional y el beneficio colectivo.
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