El movimiento cívico Participación Ciudadana saludó este lunes la decisión de la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) de publicar tres auditorías correspondientes al Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), como un gesto inicial de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Aunque las auditorías no fueron realizadas bajo la actual gestión, el hecho de que fueran divulgadas de manera inmediata, tras haber sido omitidas por las autoridades salientes, es interpretado por el organismo como una señal positiva para recuperar la credibilidad institucional perdida en años recientes.
El órgano auditor, presidido por Emma Polanco Melo e integrado por Francisco Tamárez Florentino, Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana, ha marcado una nueva ruta que podría contribuir a restaurar la confianza ciudadana y fortalecer los mecanismos de control de los recursos públicos.
La auditoría al Ministerio de Hacienda reveló irregularidades por más de RD$161 millones en procesos del período 2019–2020, incluyendo compras sin justificación, bienes no registrados y adendas contractuales irregulares. Participación Ciudadana cuestiona que esta auditoría no se haya publicado antes, considerando que una exdirectora de ese ministerio, Tomasina Tolentino Peralta, formó parte de la pasada gestión de la Cámara.
En el caso del MICM, las anomalías detectadas superan los RD$2,400 millones, incluyendo diferencias en nóminas, compensaciones injustificadas, pagos sin respaldo legal y contratos millonarios sin procesos de licitación conforme a la ley.
Respecto al INAIPI, la investigación especial reveló manejos inadecuados por más de RD$1,900 millones en procesos de compras de alimentos e insumos para centros de atención infantil. Participación Ciudadana destacó que estas irregularidades afectan directamente a la niñez, uno de los sectores más vulnerables del país, y exigió sanciones proporcionales.
El movimiento también instó a la CCRD a incluir en su calendario auditorías a instituciones públicas dirigidas por funcionarios que ya se promueven como precandidatos de cara a las elecciones de 2028, con el fin de prevenir el uso irregular de fondos públicos para fines electorales.
Finalmente, llamó a que las auditorías no solo sean publicadas, sino también utilizadas como base para aplicar correctivos administrativos y, cuando corresponda, activar la persecución penal por parte del Ministerio Público, conforme lo establece la Ley 18-24 que rige la Cámara de Cuentas.
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