La entrada en vigencia del nuevo Código Penal, establecido mediante la Ley 74-25, ha generado preocupación en diversos sectores de la salud debido a las disposiciones que contemplan sanciones penales por negligencia profesional.
Sin embargo, el médico, abogado y magíster en Derecho Médico, Leonardo Andújar Zaiter, considera que muchas de las reacciones surgidas en torno a la normativa responden más al desconocimiento de su alcance que a amenazas reales para el ejercicio de la medicina.
Andújar afirmó que resulta llamativo que sean principalmente los médicos quienes han manifestado su rechazo a la nueva legislación, mientras que otros profesionales de la salud, como odontólogos, bioanalistas, enfermeras, laboratorios clínicos, centros de patología e instituciones diagnósticas, han mantenido una actitud más pasiva, pese a que también podrían verse afectados por la aplicación de alrededor de 23 artículos contenidos en la ley.
El debate sobre las sanciones por negligencia médica
El especialista recordó que las sanciones por negligencia médica no son un concepto nuevo en la historia de la humanidad.
Señaló que desde el año 745 a.C. existían castigos para quienes incurrían en errores graves durante el ejercicio de la medicina, llegando incluso a contemplarse la amputación de la mano del cirujano responsable.
Según explicó, comparadas con aquellas sanciones históricas, las penas contempladas actualmente por el Código Penal, que incluyen privación de libertad y multas económicas, resultan considerablemente más moderadas.
Asimismo, rechazó las advertencias de algunos sectores médicos que han planteado la posibilidad de abandonar el ejercicio profesional o cerrar centros de salud por temor a enfrentar procesos penales.
Reacciones responden a la incertidumbre, según especialista
Andújar sostuvo que esos planteamientos difícilmente se materializarán, ya que no responden a decisiones reflexionadas ni consultadas de manera amplia dentro del sector, sino a reacciones derivadas de la incertidumbre y la falta de información sobre el contenido de la ley.
A su juicio, los profesionales de la salud dispusieron de tiempo suficiente durante el proceso de discusión legislativa para presentar propuestas y observaciones orientadas a modificar aquellos aspectos con los que no estaban de acuerdo.
El experto enfatizó que no es viable pretender una despenalización absoluta del ejercicio de la medicina, debido a que esta actividad involucra bienes jurídicos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana, los cuales requieren protección efectiva por parte del Estado.
Llamado al diálogo dentro del Colegio Médico Dominicano
En relación con las acciones anunciadas por el Colegio Médico Dominicano (CMD), que prepara un encuentro nacional para analizar la nueva legislación, Andújar consideró que la entidad debe aprovechar la experiencia de los médicos que también poseen formación jurídica y especialización en derecho médico.
Sugiere crear una comisión técnica de conciliación
Según explicó, estos profesionales podrían integrar una comisión especializada encargada de estudiar las disposiciones cuestionadas y promover espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones viables a las preocupaciones del sector.
De igual manera, sostuvo que insistir en escenarios de abandono masivo de profesionales o quiebra de centros asistenciales no contribuye a generar un clima de confianza ni favorece la estabilidad del sistema sanitario nacional.
Propone tribunales especializados para casos de negligencia médica
No obstante, Andújar reconoció que existe un aspecto del nuevo Código Penal que considera especialmente preocupante: la capacidad de los tribunales ordinarios para juzgar casos relacionados con presuntas negligencias médicas.
Explicó que estos procesos suelen involucrar conocimientos altamente especializados en áreas como medicina, medicina legal, bioética y derecho médico, disciplinas que no necesariamente forman parte de la preparación habitual de los jueces penales.
Plantea jueces con formación en medicina y derecho
Como alternativa, el especialista propuso la creación de tribunales penales especiales para conocer los casos de negligencia médica, integrados por jueces con formación tanto en medicina como en derecho y capacitados por la Escuela Nacional de la Judicatura.
A su entender, esta iniciativa permitiría que las decisiones judiciales se adopten tomando en consideración tanto la verdad médica como la verdad jurídica, garantizando un equilibrio adecuado entre la protección de los pacientes y los derechos de los profesionales de la salud.
Andújar calificó la propuesta como oportuna, razonable y viable, al considerar que contribuiría a fortalecer la calidad de la justicia en los procesos vinculados a la responsabilidad médica y a generar mayor confianza entre los actores del sistema sanitario.
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