Ocho de los 26 imputados en el caso Senasa 2.0 cumplirán 18 meses de prisión preventiva, nueve permanecerán bajo arresto domiciliario y otros procesados enfrentarán medidas distintas, de acuerdo con la decisión emitida este domingo por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró complejo el proceso.
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras. Mientras que Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista cumplirán la prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeres.
El tribunal también impuso arresto domiciliario a nueve imputados, entre ellos Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borrome Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.
Asimismo, el juez dispuso garantía económica para seis procesados: Luz Esther Reyes, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora, Juan Gabriel Rodríguez, Martha María Saldaña y Keila Beatriz Acosta Leonardo. Para los demás imputados, el tribunal estableció otras medidas de coerción, entre ellas presentación periódica e impedimento de salida del país.
La decisión se produjo después de que el Ministerio Público solicitara 18 meses de prisión preventiva y que el proceso fuera declarado complejo. Durante las audiencias, el órgano acusador modificó su solicitud para nueve imputados y pidió arresto domiciliario, luego de señalar que estos habían admitido los hechos que les atribuía y mostrado disposición de colaborar con la investigación.
Tras conocerse la decisión, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, exhortó a los médicos a no prestar sus códigos profesionales y advirtió que hacerlo puede exponerlos a un proceso penal.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, afirmó Camacho, quien sostuvo que, si los 22 médicos procesados en este caso no hubieran prestado sus códigos, “este caso no hubiese existido”.
El representante del Ministerio Público planteó que lo ocurrido debe servir de experiencia para realizar una campaña dirigida a los médicos para advertirles sobre los riesgos de prestar sus códigos profesionales.
Camacho también valoró la decisión del tribunal y afirmó que esta representa, a su entender, un reconocimiento de la fortaleza de la investigación realizada por el MP. “A nosotros esa decisión nos parece una decisión razonable”, expresó.
El funcionario dejó claro, además, que la investigación sobre las irregularidades en Senasa no concluye con esta fase del proceso.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación y vamos a ir por más”, declaró.
El caso Senasa 2.0 continúa ahora en la etapa judicial correspondiente, mientras los imputados enfrentan las medidas de coerción impuestas por el tribunal y mantienen la presunción de inocencia durante el proceso.
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