El abogado Carlos Balcácer cuestionó las muertes de ciudadanos ocurridas durante actuaciones policiales y reportadas por la Policía Nacional como “intercambios de disparos”, al considerar que cada caso debe ser investigado para determinar las circunstancias en que ocurrió.
Las declaraciones del jurista se producen después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciara una jornada de movilización nacional para reclamar acciones ante este tipo de muertes y mayores garantías para los derechos ciudadanos.
El presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, ha pedido al director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, adoptar medidas frente a lo que la organización califica como ejecuciones y ha reclamado que las circunstancias de cada muerte sean investigadas.
Mercedes estimó en julio que unas 4,500 personas habían muerto entre 2018 y 2025 en hechos reportados como intercambios de disparos con agentes policiales. También afirmó que durante 2025 se registraron 189 casos. Estas cifras corresponden a estimaciones de la organización y no a un registro oficial presentado en esas declaraciones.
En septiembre, de acuerdo con el recuento citado en el planteamiento, se han registrado 37 muertes en hechos que la Policía Nacional reporta como “intercambios de disparos”. De esos casos, 23 ocurrieron entre el 18 y el 25 de septiembre, mientras que el primero del mes fue registrado el día 6.
Balcácer sostuvo que la denominación de “intercambio de disparos” no debe sustituir la investigación de las circunstancias en que se produjo una muerte durante un operativo policial.
“Usted no puede tomarse la justicia por sus manos; tiene que levantarse un acta al respecto”, afirmó el abogado.
El jurista explicó que incluso si una investigación concluye que los agentes actuaron en legítima defensa, debe establecerse previamente cómo ocurrieron los hechos.
“Si se determinó que hubo un intercambio, o sea, legítima defensa, pues no hay problema: usted está exento de proceso. Pero usted tiene que ir a una sede de investigación y luego judicial”, sostuvo.
Balcácer también cuestionó el discurso de “eliminar personas” y advirtió que, a su juicio, ese tipo de planteamientos podría generar permisividad frente al uso de la fuerza por parte de agentes policiales.
El abogado hizo referencia a casos recientes de ciudadanos muertos durante actuaciones policiales y reclamó que las autoridades determinen las circunstancias particulares de cada uno.
Asimismo, cuestionó al Ministerio Público por, según afirmó, no requerir las actas correspondientes a los operativos en los que se producen estas muertes.
“¿Usted entiende que hubo un intercambio de disparos?”, planteó Balcácer al insistir en la necesidad de establecer mediante una investigación lo ocurrido antes de determinar eventuales responsabilidades.
El jurista sostuvo finalmente que las autoridades que promuevan o permitan actuaciones irregulares deberán responder por sus consecuencias y consideró que el tema debe formar parte de la agenda del presidente de la República.
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