El abogado penalista Valentín Medrano cuestionó el uso de la prisión preventiva como medida de coerción en los procesos penales de República Dominicana y, particularmente, su aplicación a imputados del caso SeNaSa 2.0.
Las declaraciones de Medrano se producen luego de que el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictara medidas de coerción contra 24 de los 26 imputados en el proceso. Ocho recibieron prisión preventiva, nueve arresto domiciliario y otros seis fueron sometidos a medidas menos gravosas, mientras que dos quedaron sin medidas de coerción.
Medrano sostuvo que en el país se ha “festinado” el debate sobre las medidas de coerción y cuestionó que la prisión preventiva sea utilizada como una respuesta habitual del sistema de justicia.
“Yo tengo que seguir insistiendo en que en la República Dominicana nosotros hemos festinado lo que tiene que ver con el ámbito de discusión de las medidas de coerción”, manifestó.
El jurista puso como ejemplo a los periodistas que se encontraban presentes al momento de ofrecer sus declaraciones y afirmó que, por contar con formación profesional y arraigo social, no necesariamente reúnen las condiciones que justificarían una medida como la prisión preventiva.
En ese sentido, cuestionó que el Ministerio Público solicite esta medida de manera recurrente.
“Cuando tú ves que el Ministerio Público, de primero, empezando por ahí, que está llamado a ser objetivo, y objetividad implica que tú tienes que recoger pruebas a cargo y a descargo, siempre se decanta por pedir prisión preventiva, ya fracasamos”, afirmó.
Medrano sostuvo además que el Ministerio Público tiene el deber de actuar con objetividad y respetar las garantías fundamentales de las personas sometidas a una investigación penal.
Citó el artículo 169 de la Constitución dominicana, al señalar que el órgano persecutor debe ejercer sus funciones respetando los derechos de los ciudadanos y procurando una actuación objetiva durante los procesos.
Cuestiona prisión preventiva para médicos
Uno de los principales cuestionamientos del abogado estuvo dirigido a la prisión preventiva solicitada contra los médicos vinculados al expediente.
Medrano preguntó si profesionales que cuentan con formación universitaria, pertenecen a un gremio y ejercen una profesión dedicada a la atención de pacientes deberían recibir una medida de coerción de esa naturaleza mientras se desarrolla una investigación.
“¿Ustedes me van a decir que esos médicos que fueron a la universidad, que son parte de un gremio, que se dedican a salvar vidas, indefectiblemente de que se considere en una investigación embrionaria que han ajustado su conducta a la norma proscriptiva, merecen una prisión preventiva?”, cuestionó.
El abogado también hizo una comparación con otros procesos judiciales en los que, según afirmó, se investigan hechos violentos de distinta naturaleza, para plantear si todos los imputados deben recibir necesariamente una medida de coerción similar.
“¿Ustedes me van a decir que estos médicos están en la misma situación que las personas que mataron, que asesinaron a la esposa de Julián Osorio, que cometieron un hecho tan atroz, tan horrendo y que ellos merecen, por vía de consecuencia, una medida de coerción similar?”, expresó.
Medrano consideró que la prisión preventiva debe ser analizada como una medida excepcional y no como una consecuencia automática de una imputación penal.
Cuestiona acuerdos con el Ministerio Público
El penalista también hizo referencia al tratamiento procesal de los imputados que alcanzan acuerdos con el Ministerio Público.
Durante sus declaraciones mencionó el denominado caso “Lobo”, en el que, según explicó, el juez habría considerado que un acuerdo inicial con el Ministerio Público podía implicar un reconocimiento parcial de responsabilidad y afectar la presunción de inocencia.
A partir de ese antecedente, Medrano cuestionó lo que considera una contradicción en la aplicación de las medidas de coerción.
“Quiere decir esto que los demás, los que no acuerdan, mantienen íntegra su presunción de inocencia. Sin embargo, en estos casos se le da prisión a quien reconoce y mantiene su presunción de inocencia, y se le varía la medida a las personas que la presunción de inocencia queda comprometida por haber admitido los hechos”, sostuvo.
El abogado también acusó al Ministerio Público de utilizar determinados acuerdos con los imputados como mecanismo de presión, aunque esta afirmación corresponde a su valoración sobre la actuación del órgano persecutor.
Las medidas impuestas en SeNaSa 2.0
El juez Rigoberto Sena impuso prisión preventiva a ocho de los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0. Otros nueve deberán cumplir arresto domiciliario, seis fueron sometidos a medidas menos gravosas y dos quedaron sin medidas de coerción.
Entre quienes recibieron prisión preventiva figuran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación. También fueron enviados a prisión preventiva Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.
Los nueve imputados a quienes se impuso arresto domiciliario son Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borrome Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.
En tanto, Luz Esther Reyes, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora, Juan Gabriel Rodríguez, Martha María Saldaña y Keila Beatriz Acosta Leonardo recibieron garantía económica, mientras que otros imputados quedaron sujetos a medidas como presentación periódica e impedimento de salida del país. Dos de los procesados quedaron sin medidas de coerción.
El Ministerio Público había solicitado inicialmente 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y que el proceso fuera declarado de tramitación compleja. Durante las audiencias, la Fiscalía modificó su solicitud para nueve procesados y pidió arresto domiciliario, alegando que habían admitido los hechos, mostrado arrepentimiento y colaborado con la investigación.
El caso involucra a 26 personas, entre ellas médicos y exempleados de SeNaSa. El Ministerio Público sostiene que investiga un presunto esquema mediante el cual se habrían generado autorizaciones y reclamaciones por servicios médicos que no fueron realizados. Según la acusación, se contabilizan 4,363 autorizaciones relacionadas con consultas y procedimientos por un monto aproximado de RD$41.1 millones.
Las imputaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser debatidas durante las distintas etapas del proceso judicial.
Al concluir sus declaraciones, Medrano insistió en sus cuestionamientos al funcionamiento de las instituciones encargadas de perseguir y juzgar los delitos.
“El país está dañado, lamentablemente, y las instituciones contribuyen a que esto siga afectado, ajado y dañado en la medida en que no debe ser”, afirmó el abogado.
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