En ocasión de conmemorarse este viernes 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, asociaciones de prevención y tratamiento de las adicciones en República Dominicana llamaron a redefinir la política pública sobre drogas en el país.
Las organizaciones afirmaron que no encuentran motivos para celebrar la fecha, al considerar que las políticas dominicanas sobre drogas continúan centradas en la persecución y el castigo, pese a que el consumo problemático de sustancias debe ser abordado desde una perspectiva de salud pública, prevención, acompañamiento y respeto a los derechos humanos.
En una declaración pública, las entidades señalaron que las organizaciones sociales que trabajan en prevención, tratamiento y acompañamiento de personas con trastornos por uso de drogas enfrentan una situación de alta precariedad, mientras el país sigue aplicando políticas que, a su juicio, no han dado resultados positivos.
“Acompañar, no castigar”
Las organizaciones recordaron la consigna internacional “Acompañe, no castigue”, promovida por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), la cual enfatiza la importancia de la prevención, el apoyo comunitario y el respeto a los derechos de las personas afectadas por el consumo de drogas.
En ese sentido, criticaron que las autoridades dominicanas no hayan asumido el tema desde una visión de salud pública.
“La política dominicana sobre drogas sigue enfocada en perseguir y castigar, sin que se evidencien resultados positivos en ningún sentido”, señalaron.
Afirmaron que, sin compasión ni respeto a sus derechos, se persigue y castiga principalmente a usuarios y familias que viven en comunidades empobrecidas, lo que, según indicaron, contribuye a la falsa idea de que solo en esos sectores se consume.
Para las entidades, esa práctica constituye una forma de criminalización de la pobreza.
Cuestionan modelo basado en represión
Las asociaciones denunciaron que las políticas dominicanas sobre drogas continúan siendo, en esencia, las mismas desde la promulgación de la Ley 50-88, centradas principalmente en acciones de represión, control y decomiso de sustancias.
Sostuvieron que las autoridades suelen presentar como éxitos los frecuentes decomisos de drogas, pero advirtieron que ni en República Dominicana ni en otros países se ha logrado reducir de manera significativa la disponibilidad ni la demanda de sustancias.
A juicio de las entidades, el país carece de una política propia en la materia y continúa respondiendo a un modelo internacional de control que ha demostrado ser insuficiente.
Piden superar la “guerra contra las drogas”
Las organizaciones señalaron que la realidad actual exige alejarse del modelo centrado en las sustancias, conocido como “guerra contra las drogas”, para avanzar hacia un enfoque centrado en las personas, basado en la ciencia de la prevención, la salud mental, la reducción de daños y el acceso al tratamiento.
Indicaron que el más reciente informe mundial sobre drogas advierte sobre un aumento histórico del consumo, así como sobre el crecimiento de drogas sintéticas y crisis de salud mental relacionadas con el abuso de sustancias.
Ante ese panorama, consideraron urgente invertir en prevención, reducir el estigma y la discriminación, garantizar acceso universal al tratamiento basado en evidencia y ofrecer alternativas a las medidas punitivas.
Reclaman apoyo a organizaciones sociales
Las entidades también recordaron que han pasado casi dos años desde que el presidente Luis Abinader prometió apoyar a las organizaciones que trabajan con personas afectadas por el consumo problemático de drogas y con sectores vulnerables.
“Es una obligación del Estado responder a las urgencias de las organizaciones sociales que atendemos las demandas de los más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Cuánto más debemos esperar?”, cuestionaron.
Las organizaciones insistieron en que el país necesita políticas que acompañen a las personas, especialmente a niños, adolescentes y jóvenes, para que puedan tomar decisiones saludables e inteligentes sobre su vida y su impacto en la sociedad.
Prevención, salud mental y tratamiento
Las asociaciones plantearon que una nueva política pública sobre drogas debe priorizar medidas significativas para educar, prevenir y apoyar a las personas con trastornos por uso de sustancias.
También consideraron urgente integrar la salud mental en la prevención y el tratamiento, así como fortalecer los servicios comunitarios, el acompañamiento a familias y las estrategias de reducción de daños.
“Pensar la prevención como un acompañar a los más jóvenes para que aprendan a tomar decisiones saludables e inteligentes sobre su vida y su impacto en otras personas, en la colectividad. En fin, ¡acompañar, no castigar!”, expresaron.
Las organizaciones concluyeron reiterando su llamado a abandonar las políticas basadas únicamente en represión y castigo, y avanzar hacia un modelo más humano, científico y efectivo frente al consumo problemático de drogas.
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