La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) advirtió este miércoles que la fusión de los ministerios de Educación de República Dominicana y Educación Superior, Ciencia y Tecnología sin una arquitectura institucional robusta, así como la falta de una legislación específica, compromete la competitividad y el desarrollo nacional.
Aunque reconoció la facultad del Estado para reorganizar su estructura administrativa, la ADRU subrayó que una fusión administrativa no equivale a una reforma estructural del sistema educativo.
La ADRU sostuvo que la educación superior constituye un subsistema estratégico, con funciones propias de formación profesional, investigación científica y vinculación universitaria, que no puede diluirse dentro del sistema general.
La asociación propuso avanzar hacia una Ley General de Educación y Ciencia que articule de forma coherente todos los niveles educativos con la producción científica y las prioridades estratégicas del país.
Indicó que la educación superior no puede tratarse como un nivel más del sistema, sino como un subsistema estratégico, con funciones propias de formación profesional, investigación científica y vinculación universitaria.
Advirtió que la falta de una arquitectura institucional sólida para la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la ausencia de una legislación específica, representa un riesgo para la competitividad nacional.
La ADRU expresó preocupación por la autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente, al considerar que el proyecto introduce formulaciones que generan ambigüedad jurídica y podrían afectar el ejercicio pleno de las funciones académicas.
En ese sentido, sostuvo que la autonomía debe estar claramente protegida y armonizada con mecanismos de rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad.
Sobre la gobernanza del sistema, la asociación defendió un modelo plural y colegiado, con participación efectiva de la comunidad académica y científica.
Alertó que la supresión del Consejo Nacional de Educación y del Conescyt, sustituidos por un órgano consultivo, debilita la gobernanza democrática y concentra la toma de decisiones.
En materia de calidad educativa, la ADRU reiteró la necesidad de separar las funciones de regulación, evaluación y acreditación, y propuso la creación de una agencia autónoma de acreditación, alineada con estándares internacionales.
Asimismo, subrayó la importancia de la articulación entre niveles educativos, el reconocimiento de la educación técnico-profesional y la promoción de trayectorias formativas flexibles, conforme al Marco Nacional de Cualificaciones.
La asociación destacó que estos objetivos requieren un financiamiento adecuado, oportuno y sostenible, con reglas claras y compromisos verificables.
Finalmente, la ADRU llamó al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a abrir un espacio amplio de diálogo y concertación, para que la reforma educativa se convierta en una política de Estado orientada al desarrollo sostenible basado en el conocimiento.
Compartir esta nota