La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) expresó su rechazo a la solicitud pública de destitución de la magistrada Ayeisa Mareine Cedeño Richiez, procuradora fiscal y directora de la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte.
La entidad manifestó preocupación por el reclamo y afirmó que las actuaciones de los fiscales deben ser evaluadas mediante los mecanismos constitucionales, legales y disciplinarios establecidos, con respeto al debido proceso, la independencia funcional y las garantías de la carrera del Ministerio Público.
Defiende independencia funcional de los fiscales
FISCALDOM sostuvo que los miembros del Ministerio Público ejercen sus atribuciones con autonomía técnica y jurídica, sujetos a la Constitución, las leyes y el principio de objetividad.
“La independencia funcional constituye uno de los pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho”, indicó la organización mediante un comunicado.
Agregó que cualquier cuestionamiento debe ser canalizado por las vías institucionales correspondientes, evitando pronunciamientos que puedan interpretarse como mecanismos de presión contra quienes ejercen la acción pública.
Afirma que detenidos fueron presentados dentro del plazo legal
La asociación señaló que, de acuerdo con las informaciones de conocimiento público, las personas detenidas a las que hace referencia la denuncia fueron presentadas dentro del plazo legal ante el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Explicó que corresponde a esa autoridad controlar la legalidad de las detenciones y decidir sobre las solicitudes presentadas por las partes.
“En ese escenario, corresponde al órgano jurisdiccional determinar la procedencia o no de los planteamientos formulados, conforme a las garantías del debido proceso y al principio de tutela judicial efectiva”, precisó.
Diferencias deben resolverse en los tribunales
FISCALDOM reconoció que dentro de un sistema de justicia adversarial pueden surgir diferencias de criterio entre el Ministerio Público y la Defensa Pública.
Sin embargo, consideró que esas divergencias deben debatirse y resolverse ante los tribunales mediante los recursos y procedimientos contemplados en la legislación.
“Esas diferencias deben debatirse y resolverse en los tribunales, preservando siempre el respeto recíproco entre las instituciones y la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia”, expresó.
La organización también reconoció la importancia constitucional de la Oficina Nacional de Defensa Pública en la protección del derecho de defensa.
No obstante, sostuvo que las discrepancias jurídicas no deben traducirse en solicitudes públicas de destitución contra fiscales por decisiones adoptadas durante el ejercicio de sus funciones.
Asociación respalda actuación apegada a la ley
FISCALDOM reiteró su compromiso de respaldar a los miembros del Ministerio Público que actúen de manera legítima, con apego a la Constitución, las leyes y los principios que regulan la carrera fiscal.
Asimismo, llamó a los actores del sistema de justicia a fortalecer el diálogo institucional, respetar la autonomía de cada órgano y contribuir a preservar la confianza ciudadana.
“La defensa de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de la independencia funcional del Ministerio Público y de la dignidad de sus miembros seguirá siendo un compromiso permanente”, concluyó el consejo directivo nacional de la organización.
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