La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) emitió este jueves un posicionamiento sobre el futuro de la minería en el país, en el que defiende el respeto a los procesos institucionales de evaluación ambiental y social como condición para garantizar la seguridad jurídica.
El pronunciamiento llega apenas dos días después de que el presidente Luis Abinader ordenara la paralización inmediata del Proyecto Romero, en la provincia de San Juan, ante el rechazo masivo de las comunidades locales, y en medio de un debate nacional que divide al sector empresarial, a los ambientalistas y a la clase política.
El trasfondo: una decisión presidencial que sacudió al sector
El lunes 4 de mayo, Abinader dispuso la detención de toda actividad vinculada al Proyecto Romero, invocando la Ley 64-00 de Medio Ambiente y argumentando que, ante un rechazo ciudadano de esa magnitud, la continuidad del proyecto no resultaba viable. La medida fue aplaudida por congresistas y organizaciones ambientalistas, pero generó malestar en el empresariado organizado.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Cámara Minera y Petrolera (CAMIPE) ya habían expresado su desacuerdo con la decisión presidencial, advirtiendo sobre sus efectos en la confianza inversionista y en la coherencia del marco institucional. ASIEX, sin mencionar el caso Romero de forma explícita, se suma ahora a ese coro con un mensaje que apunta en la misma dirección: las decisiones de alto impacto deben sustentarse en evaluaciones técnicas, ambientales y sociales, y no pueden saltarse los procesos de licenciamiento establecidos en la ley.
"Toda actividad económica regulada debe agotar los procesos de evaluación y licenciamiento establecidos en la Ley, incluyendo las vistas públicas correspondientes para proyectos de alto impacto ambiental", señaló el gremio en su comunicado.
Seguridad jurídica como argumento central
El posicionamiento de ASIEX pone el acento en la seguridad jurídica como pilar de la atracción de inversión extranjera. El gremio advierte que el respeto a los procedimientos institucionales "fortalece la previsibilidad y la confianza", elementos que considera fundamentales para que la República Dominicana consolide su imagen como destino atractivo para capitales de largo plazo.
El argumento no es menor en el contexto actual. El sector minero creció 7.7% en el primer trimestre de 2026, convirtiéndose en el de mayor dinamismo dentro de una economía que avanzó 4.1% en ese período, según cifras del Banco Central. Ese desempeño, impulsado por la extracción de oro, plata y materiales de construcción, contrasta con la turbulencia política que rodea hoy a la industria.
Una nueva ley minera, la demanda de fondo
Más allá de la coyuntura, dicha compañía coincide con CAMIPE en que el país necesita con urgencia una nueva Ley de Minería que reemplace la vigente Ley 146-71, una norma de hace más de medio siglo que el sector considera obsoleta frente a los estándares ambientales y constitucionales actuales.
El gremio pide que esa nueva legislación establezca "reglas claras, altos estándares ambientales, transparencia y mecanismos efectivos de participación social", como resultado de un proceso de diálogo amplio e inclusivo. En esa línea, ASIEX destacó su participación en la Mesa de Minería creada en el marco de la iniciativa Meta RD 2036, coordinada por CAMIPE, un espacio que busca construir una visión compartida sobre el desarrollo estratégico del sector.
Entre el discurso y la realidad
El comunicado de ASIEX combina un lenguaje de apertura —habla de diálogo, sostenibilidad y respeto a las comunidades— con una defensa implícita de los procesos institucionales que, en el caso Romero, fueron precisamente los que el Gobierno decidió interrumpir. Esa tensión no es menor: el presidente Abinader argumentó que su decisión se basó en la Ley 64-00, que contempla el rechazo social como factor determinante en la evaluación de proyectos de alto impacto.
La pregunta que queda abierta es si el llamado a respetar la institucionalidad aplica también cuando esa institucionalidad le da la razón a las comunidades que rechazan un proyecto minero.
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