Tras la lectura del fallo del caso Antipulpo, que condena a siete años de prisión al principal imputado, Juan Alexis Medina Sánchez, por delitos de lavado de activos, soborno, asociación de malhechores, uso de documentos falsos y estafa contra el Estado, diversos sectores manifestaron su postura ante lo que consideran un hito judicial, aunque no exento de sombras.
El sociólogo y catedrático universitario Cándido Mercedes calificó la sentencia como un precedente histórico en el país, al tratarse de la primera vez que en República Dominicana se condena a actores de alto nivel por un entramado de “mega corrupción” reconocido incluso por Transparencia Internacional.
La sociedad dominicana tiene que celebrar esta sentencia. Alegres porque es positiva, aunque no contentos, pues debió ser de 20 años y no de siete, declaró.
Mercedes resaltó que el caso evidenció la debilidad institucional del país y recordó que Alexis Medina, sin ser funcionario, construyó una red de negocios ilícitos con el Estado, prohibidos por la Constitución.
Afirmó que el fallo envía un mensaje pedagógico a la sociedad sobre los daños que la corrupción causa a los sectores más vulnerables, privándolos de hospitales, acueductos, aulas y recursos para enfermedades catastróficas.
Por su parte, el abogado Francisco Álvarez señaló que el fallo “es apenas un primer paso para combatir la impunidad” y criticó que, pese a que las juezas reconocieron la magnitud de la corrupción en instituciones como Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estados y Salud Pública, la condena a Medina se redujo a siete años, muy por debajo de la pena mínima para el lavado de activos.
Comparó el caso con el de Francisco Pagán, condenado a cinco años, pero que se declaró culpable, devolvió bienes y colaboró con el Ministerio Público, algo que no hizo Medina.
Álvarez también destacó como aspecto positivo la valoración que el tribunal hizo de las declaraciones premiadas y testigos vinculados, confirmando que son válidas si se corroboran con otras pruebas.
Anticipó que tanto la defensa como el Ministerio Público probablemente apelarán, este último en busca de aumentar las penas a Alexis Medina, Carmen Magaly Medina y Fernando Rosa.
La jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, explicó que el tribunal tuvo que analizar un voluminoso expediente con miles de archivos, depurando pruebas presentadas tanto por la acusación como por la defensa.
Señaló que, pese a las objeciones, las evidencias cumplieron con los requisitos de legalidad y fueron examinadas en su totalidad.
Principales puntos del fallo leído por el secretario del tribunal
- Condena de 7 años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, por lavado de activos, soborno, asociación de malhechores, uso de documentos falsos y estafa contra el Estado.
- Absolución de Carmen Magaly Medina Sánchez y Fernando Rosa por insuficiencia probatoria.
- Condena de 5 años de prisión para Héctor Matías Encarnación Montero y Francisco Ramón Álvarez Moreno, con parte de la pena suspendida bajo condiciones.
- Condena de 5 años de prisión para Paola Mercedes Molina Suazo, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres.
- Absolución de varios coimputados, entre ellos Lorenzo Wilfredo Hidalgo López y otros, por falta de pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia.
- Sanciones económicas y prohibición de contratar con el Estado a varias empresas vinculadas, incluyendo Globus Eléctrica SRL, Conalbo SRL y otras, además del decomiso de bienes y clausura de locales.
- Rechazo de la constitución en actor civil del Estado respecto a los acusados absueltos.
- El caso Antipulpo, iniciado en noviembre de 2020, involucra a 27 personas físicas y 21 empresas acusadas de integrar una red de corrupción que operó durante el gobierno de Danilo Medina.
La condena contra Alexis Medina, aunque considerada insuficiente por algunos, es vista como un mensaje contundente en la lucha contra la gran corrupción y un precedente para los procesos judiciales en curso.
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