Alrededor de 40 personas han muerto durante intervenciones de la Policía Nacional desde que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García asumió la dirección de la institución el pasado 17 de agosto, un período de poco más de seis semanas, exactamente 43 días, marcado por una intensificación de los operativos contra personas requeridas por la justicia.
El abogado Cándido Simón ha situado en 40 las muertes ocurridas durante septiembre y cuestionó la frecuencia con que personas buscadas por las autoridades terminan falleciendo durante hechos presentados por la Policía principalmente como "intercambios de disparos".
La mayor concentración se produjo entre el 18 y el 25 de septiembre, período en el que se registraron 23 muertes durante el mes. El 25 de septiembre, la propia Policía reportó siete fallecidos en distintas intervenciones realizadas en un período aproximado de 24 horas.
Cándido Simón cuestiona cantidad de muertes durante operativos
Simón cuestionó el número de personas fallecidas durante actuaciones de la Policía Nacional y aseguró que la cantidad de muertes en septiembre tienen un promedio situado en 1.48 por día.

“En lo que va del mes de septiembre, 40 muertos ocasionados por la Policía Nacional. Esto es: 1.48 asesinados por día”, expresó.
Simón sostuvo además que las muertes durante intervenciones policiales constituyen una problemática de larga data en República Dominicana y afirmó que este tipo de hechos representa entre un 21 % y un 24 % de los homicidios registrados en el país.
El jurista también planteó que los homicidios relacionados con conflictos sociales, como las riñas, ocupan un peso mayor dentro de las estadísticas, mientras situó los asociados directamente a delincuencia y criminalidad entre un 2 % y un 5 %.
“Es, desde 30 años, una política de Estado, quizás la más consistente y permanente del Estado en la sociedad dominicana. Somos, de los países de la región, el país líder de muertos originados por la institución nacida en 1936”, manifestó.
Un mes marcado por hechos violentos y mayor despliegue policial
El aumento de las intervenciones se ha producido durante un septiembre marcado por varios hechos violentos que provocaron una mayor presión sobre los organismos de seguridad.
Entre ellos figura el tiroteo registrado en Boca Chica, donde murieron dos personas, entre ellos el reconocido rapero Jesús Alexis Delgado Ortiz, mejor conocido como "Diddy Glow", y otras resultaron heridas; el ataque contra el joven de 23 años Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk en el sector Serrallés durante un presunto atraco, y el asalto en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en el que murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, mientras el artista resultó herido.

También se han registrado ataques contra miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y otros hechos por los cuales la Policía desplegó operaciones de búsqueda en distintas provincias.
Durante septiembre, la DICRIM reportó además la entrega voluntaria de 67 personas requeridas por investigaciones relacionadas con homicidios, agresiones, robos, tentativas de homicidio, armas de fuego, estafas y otros delitos.
El discurso de Rodríguez García
Desde que asumió el cargo, Rodríguez García ha mantenido un discurso de firmeza frente a la delincuencia, combinado con llamados internos para que los agentes actúen apegados a las leyes y los protocolos.

El director policial ha advertido que quienes cometan delitos deberán “entregarse o dejar de delinquir” y aseguró que la institución irá tras las personas requeridas sin importar dónde intenten ocultarse. También ha señalado que se hará sentir “el brazo poderoso del Estado” frente a quienes desafíen a las autoridades.
En otras intervenciones, Rodríguez García ha exhortado a los agentes a preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia los ciudadanos, al tiempo que les ha reclamado firmeza frente al delito.
En "29″: ¿Qué dice la Policía sobre las muertes?
La explicación ofrecida por la Policía se repite en la mayoría de los casos de presuntos delincuentes reportados bajo el "código 29″: los agentes acuden a ejecutar órdenes de arresto o localizar personas vinculadas a investigaciones y, al momento de intentar apresarlas, estas presuntamente realizan disparos contra los uniformados. Según los reportes institucionales, los agentes responden a las agresiones y posteriormente ocupan armas de fuego, casquillos y otras evidencias.
Entre los fallecidos de las últimas semanas figuran personas buscadas por homicidios, robos, atracos, tentativas de homicidio y ataques contra miembros de la propia institución.
Uno de los casos que ha generado cuestionamientos recientes es el de Cristhofer Carlos Belliard, “Cri Cri”, muerto durante una intervención en Villa Vásquez. Imágenes de cámaras de seguridad difundidas posteriormente muestran al joven con las manos levantadas frente a los agentes momentos antes de recibir un disparo, mientras la versión policial establece que previamente habría atacado a los uniformados con un arma de fabricación casera.
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Defensor del Pueblo reclama respeto al debido proceso
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, cuestionó las muertes registradas durante los denominados "intercambios de disparos" y recordó que corresponde a los tribunales determinar la culpabilidad y establecer las sanciones contra las personas acusadas de cometer delitos.

Ulloa ha insistido en que el combate contra la criminalidad debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes y ha rechazado que la muerte de una persona pueda sustituir una condena judicial.
Su posición se suma a los cuestionamientos de sectores que reclaman investigaciones exhaustivas sobre el uso de la fuerza letal durante los operativos.
CNDH anuncia movilizaciones
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) también ha elevado sus críticas ante la cantidad de fallecimientos.
Su presidente, Manuel María Mercedes, pidió a Rodríguez García tomar medidas frente a las muertes que la organización califica como "ejecuciones extrajudiciales" y reclamó investigaciones sobre las circunstancias particulares de cada caso.

La organización anunció una jornada de movilización nacional para exigir mayores garantías a los derechos ciudadanos y cuestionó que los cambios en la dirección policial no hayan reducido este tipo de hechos.
La CNDH sostiene que tener antecedentes, una orden de arresto o ser requerido por la justicia no elimina el derecho de una persona a ser detenida y sometida al debido proceso.
Opiniones divididas entre los ciudadanos
El accionar policial también ha generado posiciones encontradas entre ciudadanos. Una parte de las opiniones respalda una actuación más firme contra personas armadas o señaladas por delitos violentos y considera que los agentes deben responder cuando sus vidas se encuentran en peligro.
Otros ciudadanos han expresado preocupación por la cantidad de muertes y reclaman que las personas buscadas sean apresadas y llevadas ante los tribunales.
El debate se ha intensificado especialmente tras la difusión de videos de intervenciones policiales que han provocado dudas sobre algunas versiones iniciales ofrecidas por la institución.
Cruz Cruz dejó la PN tras seis meses y 133 muertes en intervenciones
La alta letalidad policial no comenzó con Rodríguez García. Su antecesor, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, asumió la dirección de la Policía el 17 de febrero de 2026 y fue sustituido el 17 de agosto, exactamente seis meses después. Su permanencia fue la más corta de un director policial en los últimos 30 años.

Un análisis publicado tras su salida contabilizó 133 personas muertas en intercambios de disparos, acciones legales e intervenciones policiales durante los seis meses de su gestión.
Cruz Cruz también defendió durante su mandato el accionar de los agentes frente a personas armadas. En mayo, cuando se reportaban 93 muertes policiales en lo que iba de 2026, sostuvo que la institución no rehuiría frente al crimen, aunque señaló que quienes no enfrentaran a los agentes debían ser arrestados y puestos a disposición del Ministerio Público.
Guajimía y La Vega golpearon la imagen de la institución
La gestión de Cruz Cruz estuvo además marcada por varios casos de presunto abuso policial que provocaron indignación y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.
Uno de los más notorios ocurrió el 3 de julio, cuando Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, murió tras recibir un disparo de un cabo policial durante una intervención relacionada con una motocicleta en La Cañada de Guajimía, Herrera.

Videos y testimonios del hecho provocaron protestas en la comunidad. El cabo José Francisco Moreta Heredia fue entregado al Ministerio Público y posteriormente un tribunal le impuso 12 meses de prisión preventiva. El proceso fue declarado complejo para ampliar la investigación a los demás integrantes de la patrulla. Cinco agentes que se encontraban en el lugar también fueron suspendidos.
Semanas antes, en junio, otro video generó cuestionamientos tras mostrar a Marky Abraham García Gil, “Maiky”, con las manos levantadas durante una intervención policial en La Vega, segundos antes de recibir disparos. La Policía informó posteriormente que sus organismos de control interno y el Ministerio Público investigarían las circunstancias del hecho.

Ambos episodios se convirtieron en puntos críticos de la gestión de Cruz Cruz y alimentaron nuevamente el debate sobre los protocolos, la formación de los agentes y los límites del uso de la fuerza.
La discusión continúa bajo la nueva dirección
A poco más de un mes de asumir la institución, Rodríguez García enfrenta ahora el mismo debate que marcó parte de la gestión de su antecesor, pero con una fuerte concentración de muertes de presuntos delincuentes durante septiembre.
Mientras la Policía mantiene una ofensiva contra personas requeridas por delitos y sostiene que sus agentes responden ante agresiones armadas, el Defensor del Pueblo y la CNDH reclaman que cada intervención sea investigada y que la persecución del crimen se mantenga dentro del debido proceso.
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