El Ministerio Público presentó este lunes acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien atribuye haber solicitado dinero a una persona bajo investigación y haber recibido un delanto de US$10,000 durante una entrega controlada realizada en marzo pasado.
La acusación fue depositada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte.
El órgano acusador pidió que se fije la audiencia preliminar y que sean admitidos la acusación y todos los elementos de prueba presentados contra Valdez Alcántara.
Una negociación por US$200,000 que bajó a US$150,000
Según la acusación, Valdez Alcántara formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) cuando ocurrieron los hechos.
El expediente señala que entre las investigaciones en las que participó estaba el proceso iniciado a mediados de 2024 sobre un supuesto entramado de corrupción administrativa relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La persona que posteriormente participó en la entrega controlada fue interrogada por Valdez Alcántara en diciembre pasado. De acuerdo con el Ministerio Público, después del interrogatorio el fiscal obtuvo su número telefónico y comenzó a comunicarse con él mediante WhatsApp.
La acusación sostiene que, después de varias acciones que el órgano persecutor califica de intimidatorias, Valdez Alcántara le ofreció ayudar al investigado y le planteó inicialmente conseguir US$200,000.
Según el expediente, durante las negociaciones la suma fue reducida a US$150,000. El Ministerio Público también afirma que el acusado manifestó interés en recibir un reloj Rolex y exigió un automóvil Mercedes-Benz.
La entrega controlada del adelanto que terminó con un arresto
El Ministerio Público sostiene que posteriormente se acordó entregar US$10,000 como parte de la negociación. La entrega se realizó en marzo y, después de esta, fue ejecutada una orden de arresto contra Valdez Alcántara.
El fiscal fue sometido a la justicia y en mayo se le impuso prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La medida fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que fijó para el 3 de septiembre la revisión obligatoria de la prisión preventiva.
También pide mantener las medidas sobre sus bienes
Además de solicitar la apertura a juicio, el Ministerio Público pidió mantener la medida de coerción impuesta al acusado mediante la Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001.
También solicitó que continúen vigentes las medidas cautelares adoptadas sobre sus bienes.
En su acusación, el Ministerio Público atribuye a Valdez Alcántara violaciones de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal dominicano, así como de varias disposiciones de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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