Abogados de las víctimas señalan a los propietarios del Jet Set y alegan que ignoraron advertencias sobre el techo

Durante el juicio de fondo por el desplome de la discoteca Jet Set, los abogados de las víctimas centraron sus intervenciones en la presunta responsabilidad de quienes tenían a su cargo la administración y seguridad del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat mientras.

El abogado Natanael Méndez Matos, quien actúa conjuntamente con Darío Antonio Cedeño Santana, planteó ante el tribunal un pedimento relacionado con la supuesta falsedad de firmas atribuidas al Ministerio Público.

Méndez Matos sostuvo que debía solicitarse la tipificación de la presunta falsedad de dichas firmas para enviar el caso a juicio de reprochabilidad, fundamentando su planteamiento en el artículo 303.

El jurista también hizo referencia a documentos presentados por la parte querellante y a un peritaje que, según afirmó, habría sido comprobado en distintos momentos del proceso. Asimismo, señaló que se habrían producido actuaciones relacionadas con la alteración o mutilación de escrituras.

El planteamiento abrió paso a un debate sobre la denominada posición de garante, es decir, el deber jurídico que tendrían determinadas personas de garantizar la seguridad de quienes se encontraban en el establecimiento.

Acosta: “El caso no se trata de por qué se cayó el techo”

La abogada Laura Acosta, representante legal de varias víctimas, manifestó que se adhiere parcialmente a la acusación presentada por el Ministerio Público y realizó precisiones sobre las personas y sociedades contra las cuales fueron dirigidas las acciones.

Explicó que sus representados se querellaron contra Antonio Espaillat López y que, como terceros civilmente demandados, figuran las sociedades Inversiones CCEP 2 S.A., Inversiones EIL S.R.L., Difusora Hemisferio S.R.L. y Radio Cadena Comercial S.R.L.

Acosta sostuvo que el debate no debe limitarse a determinar las causas técnicas que provocaron el colapso del techo.

“El caso no se trata de por qué se cayó el techo, sino de que el techo se cayó y hay que determinar quién es la persona responsable”, afirmó.

La abogada agregó que existía una obligación de seguridad por parte de los propietarios del inmueble y de los administradores de la empresa, por lo que, a su juicio, el juicio debe determinar quién incumplió ese deber y, en consecuencia, quién debe responder por lo ocurrido.

Ingrid Hidalgo cuestiona actuación de Maribel Espaillat

La abogada Ingrid Hidalgo afirmó que las 236 víctimas del desplome fueron resultado de la falta de empatía de las personas que, según su planteamiento, tenían capacidad de tomar decisiones para evitar la tragedia.

“Hubo 236 víctimas por la falta de empatía de dos personas que hoy se encuentran aquí presentes y que se demostrará en el juicio que por el amor al dinero, al maldito dinero, no hicieron lo que tenían que hacer en ese momento para evitar esa tragedia que nos enlutó no tan solo a nuestro país, sino al mundo”, expresó.

Hidalgo cuestionó además que la legislación establezca una pena máxima que, según señaló, no será suficiente para las víctimas y sus familiares.

“Qué triste que nuestra ley solamente contemple la pena máxima de dos años en materia penal. Qué triste, ciertamente, como dice el Ministerio Público, que nosotros nos adherimos a la acusación. Esa pena no será suficiente, pero lamentablemente tenemos que citar una frase muy antigua y es que la ley es dura, pero es la ley”, manifestó.

La jurista también rechazó el argumento de que Maribel Espaillat no tendría responsabilidad directa porque no era la gerente de la compañía que administraba la discoteca.

Según Hidalgo, el día de la tragedia, mientras su hermano Antonio Espaillat se encontraba en Las Vegas, Nevada, Maribel Espaillat era quien tenía el control de la discoteca y capacidad para ordenar la paralización de la fiesta.

La abogada sostuvo que uno de los presentes, identificado como Gregory Adames, le habría advertido que paralizara la actividad, luego de que un momento antes una parte del techo le cayera encima.

Leonel Correa: “Ese techo hablaba”

El abogado querellante Leonel Correa Tapia, quien actúa junto a Alejandro Enrique Tejada Estévez, afirmó que el techo de la discoteca había presentado señales de advertencia con anterioridad al desplome.

“Pero debo decir, honorable, que ese techo hablaba. Ese techo hablaba. Tenía tiempo advirtiéndole a sus propietarios que ahí había una situación que debía tomarse en consideración”, sostuvo.

Correa Tapia aseguró que esas advertencias no se produjeron únicamente el día de la tragedia, sino que, según las pruebas que serán incorporadas durante el juicio, existían desde tiempo antes.

“Esos señores propietarios simplemente ignoraron las advertencias”, afirmó.

El abogado sostuvo que esa supuesta falta de atención a las señales de peligro fue determinante para que ocurriera el desplome que provocó la muerte de 236 personas.

También cuestionó que, pese a las advertencias, se haya priorizado la celebración de la fiesta y los aspectos económicos.

“Estos señores asumieron, como dijo nuestra colega Ingrid, la parte económica. Le dieron más énfasis a que había que celebrar esa noche esa fiesta porque no se podía paralizar”, expresó.

Por su parte, el abogado querellante Cristian José Alceda Zapata explicó que, en esta etapa del proceso, los querellantes deben reiterar su adhesión a los aspectos penales de la acusación del Ministerio Público cuando no presentan una acusación particular.

En cuanto a la responsabilidad civil, informó que solicitarán una indemnización económica de RD$100 millones.

Mientras tanto, el abogado de la defensa Reynoso Núñez Alcalá, representante de Lorainy Zapata, planteó una reflexión a partir de la propia presentación de los hechos realizada por el Ministerio Público.

El órgano acusador habría señalado que el peso de la mercancía pudo superar la resistencia del techo de la discoteca.

“Y yo diría, haríamos una reflexión: que el amor al dinero, que ese amor a los asuntos materiales pudo más que el debido cuidado, que la debida prudencia del buen padre de familia que debió observar esa persona y que no observó”, expresó.

Núñez Alcalá sostuvo que quienes administran un negocio tienen el deber de observar cualquier situación que pueda poner en peligro tanto el establecimiento como a las personas que ingresan al mismo.

“Todos los que tenemos casa de familia nos mantenemos observando cualquier situación que pueda poner en peligro a su familia. Que el dueño de un negocio viene observando cualquier situación que pueda poner en peligro su negocio y que pueda poner en peligro a las personas que entran a su negocio”, manifestó.

El abogado agregó que, según declaraciones de un testigo, el techo habría presentado señales de peligro antes del colapso y que, pese a ello, no se habrían tomado las medidas necesarias.