El abogado Alexander Sánchez Taveras denunció presuntas irregularidades en la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, entre ellas la falta de agua potable para los internos y los retrasos en los traslados de personas privadas de libertad a los tribunales.
Sánchez Taveras, representante legal de varios ciudadanos que han denunciado estas situaciones, afirmó que los retrasos se producen en distintas jurisdicciones del país. Según explicó, entre las justificaciones que reciben los internos figuran la falta de combustible y de transporte.
El jurista sostuvo que la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales debe garantizar que las personas privadas de libertad comparezcan ante los tribunales cuando sean requeridas por los jueces, independientemente de que sus procesos estén pendientes de una decisión sobre su culpabilidad.
“Debe la Dirección de Prisiones hacer las gestiones pertinentes para que esos ciudadanos lleguen a esos tribunales en cualquier parte de la República Dominicana”, manifestó.
Al ser preguntado sobre si los inconvenientes se limitaban a los casos de sus representados o si constituían una situación recurrente, Sánchez Taveras aseguró que el problema trasciende sus asuntos particulares y afecta a la comunidad jurídica.
“No es un tema mío personal. Es que eso lo vivimos a diario los abogados y los jueces”, expresó.
Agregó que, mientras los jueces solicitan las comparecencias y adoptan decisiones dentro de sus competencias, los abogados tienen la responsabilidad de denunciar las situaciones que, a su juicio, afectan el desarrollo de los procesos judiciales.
“Los abogados privados sí somos responsables de notificar y denunciar todo este tipo de cosas que nadie denuncia”, afirmó.
Denuncia falta de agua potable en centros penitenciarios
Sánchez Taveras también alertó sobre las condiciones de acceso al agua potable en los centros penitenciarios. Aseguró que algunos internos se ven obligados a consumir agua directamente de la llave.
Como ejemplo, relató el caso de uno de sus clientes, quien presuntamente le comunicó que experimentaba malestares estomacales después de consumir esa agua.
El abogado indicó que su representado es diabético, padece asma y presenta otras complicaciones de salud. Según su relato, el interno había recibido oxígeno desde su llegada al recinto penitenciario.
El jurista también cuestionó el precio del agua embotellada dentro del centro, al señalar que, según la información que recibió, una botella se vende a RD$ 50.
Ante las situaciones denunciadas, Sánchez Taveras pidió al presidente Luis Abinader que intervenga para que se investiguen los hechos y se garanticen condiciones adecuadas para las personas privadas de libertad.
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