Cuatro personas fueron condenadas a penas de 3 y 6 años de prisión por formar parte de una red dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Barahona.
La Junta Central Electoral (JCE) saludó la sentencia y reafirmó su compromiso con la protección del registro civil.
La red fue descubierta tras una investigación iniciada en enero del año pasado por el Ministerio Público adscrito a la JCE, junto a su Dirección de Seguridad y la DICRIM de la Policía Nacional.
Las pesquisas comenzaron luego del arresto de varios extranjeros en posesión de documentos falsos, adquiridos mediante pagos en efectivo.
La jueza Fátima Cruz Estrella, del Departamento Judicial de Barahona, dictó la sentencia acogiendo un Procedimiento Penal Abreviado para agilizar el proceso judicial.
Los magistrados Wellington Matos y Esther González Peguero representaron al Ministerio Público, en colaboración con la Consultoría Jurídica de la JCE.
Se comprobó que el grupo también incurría en lavado de activos y actuaba como asociación de malhechores.
Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados a seis años de prisión, con suspensión condicional de los últimos cinco años.
Yonel Raphael y Andys Hernández Rivera, este último empleado de la JCE, recibieron penas de tres años, con suspensión de los últimos dos años y dos meses.
A Hernández Rivera también se le impuso el pago de una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
Las condiciones para la suspensión de la pena incluyen abstenerse del porte de armas, del consumo excesivo de alcohol y residir en el domicilio procesal declarado.
Además, deben someterse al control del juez de Ejecución de la Pena de Barahona y mantener una conducta social íntegra.
La red falsificaba cédulas de identidad, actas de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir y de armas, y carnets de instituciones como la DNCD, el DNI y el Ejército.
También emitían títulos falsos de universidades como la Unicaribe, y visados de países como Estados Unidos, Canadá, Haití, Brasil, y otros.
Los precios por estas falsificaciones oscilaban entre RD$70,000 y RD$100,000, y los beneficiarios eran tanto haitianos como dominicanos.
Los delitos violan disposiciones del Código Penal Dominicano, la Ley 172-13 sobre Protección de Datos, la Ley 53-07 de Delitos de Alta Tecnología y la Ley 4-23 de Actos del Estado Civil.
La JCE y el Ministerio Público aseguraron que seguirán trabajando juntos para detectar y perseguir los delitos que atenten contra la identidad y documentación civil de los ciudadanos.
Compartir esta nota