La Junta Central Electoral (JCE) expresó su respaldo a la condena impuesta a cuatro miembros de una red dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados.
La sentencia fue dictada en Barahona por la jueza Fátima Cruz Estrella, mediante un Procedimiento Penal Abreviado solicitado por el Ministerio Público.
Los condenados formaban parte de una estructura delictiva que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Barahona, especializada en alterar documentos como cédulas de identidad, pasaportes y títulos educativos.
La red fue desmantelada tras una investigación iniciada en enero de 2024 por el Ministerio Público adscrito a la JCE, en coordinación con la Dirección de Seguridad de la JCE y la DICRIM de la Policía Nacional.
El caso surgió a raíz del arresto de varios extranjeros con documentos falsificados, obtenidos mediante pagos de entre RD$ 70 mil y RD$ 100 mil.
Fueron condenados Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos a seis años de prisión, con suspensión de los últimos cinco años.
Yonel Raphael y Andys Hernández Rivera, este último empleado de la JCE, recibieron penas de tres años, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, además de una multa de 20 salarios mínimos.
Los involucrados falsificaban visados de países como Estados Unidos, Canadá, Haití, Chile y Países Bajos, así como documentos de instituciones como la DNCD, DNI y el Ejército.
Las penas incluyen restricciones como residir en el domicilio procesal, abstenerse del consumo excesivo de alcohol, no portar armas y someterse a vigilancia judicial.
Las acciones violan múltiples normas, entre ellas el Código Penal, la Ley 172-13 de Protección de Datos, la Ley 53-07 de Delitos de Alta Tecnología y la Ley 4-23 de Actos del Estado Civil.
La JCE y el Ministerio Público reiteraron su compromiso con la detección y persecución de delitos que atenten contra el registro civil e identidad ciudadana.
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