El director general de Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, apoyó la condena a una clínica de Higüey al pago de 10 millones de pesos a los padres de un joven que murió en el centro, porque no fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) ya que la clínica reclamó dinero previo a esto.
La Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís ratificó la sentencia que condena a la Clínica Dr. Perozo, S.A. al pago de diez millones de pesos, más un interés mensual del 1.5 %, como indemnización por los daños morales causados a los padres del joven Nahim Contreras Aristy, fallecido luego de que se le negara atención médica de emergencia.
"La decisión confirma que ninguna prestadora de servicios de salud puede supeditar la atención de emergencia al pago de anticipos, y que hacerlo genera responsabilidad jurídica, administrativa y civil", dijo Báez en una nota difundida por la DIDA.
En ese orden, afirmó que "esta sentencia no solo sanciona una conducta inaceptable; establece con claridad una regla para todo el sistema: cuando una vida está en riesgo, la atención es inmediata y obligatoria. No es una opción, no es una cortesía, no es negociable".
Báez explicó que el caso fue instrumentado por la DIDA a partir de una investigación técnica y jurídica rigurosa, que permitió documentar la negativa de atención, activar los mecanismos administrativos correspondientes y sustentar la acción judicial que fue llevada ante los tribunales por el abogado Francisco Aristy, en representación de la familia, dando lugar al proceso de la condena en segundo grado.
“Cada sentencia como esta enseña, ordena y corrige. Enseña a los prestadores cuáles son sus deberes, ordena el funcionamiento del sistema y corrige prácticas que vulneran derechos. Eso es exactamente lo que necesita un sistema que quiere ser humano y eficiente a la vez", añadió el exdiputado.
La información destacó que el caso generó una profunda conmoción social y recibió amplio respaldo ciudadano, incluyendo la solidaridad expresada por la primera dama, Raquel Arbaje, quien manifestó personalmente su acompañamiento a los padres del joven.
La DIDA reiteró su llamado a la población a denunciar cualquier negativa de atención, cobro indebido o irregularidad en la prestación de servicios de salud, recordando que estas denuncias no solo permiten la defensa individual del afiliado, sino que contribuyen a mejorar el funcionamiento del sistema en su conjunto.
"Denunciar no es quejarse: es participar en la mejora del sistema. Cada caso que se formaliza ayuda a prevenir nuevas vulneraciones y, en última instancia, a salvar vidas", acotó Báez.
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