Bastó con hallar un sencillo contrato en los registros públicos de licitaciones en Estados Unidos. El Observatorio de las Multinacionales, un medio enfocado en la rendición de cuentas de las grandes compañías, encontró que en diciembre de 2025 una filial de la francesa Capgemini – ubicada en territorio estadounidense – había empezado a cobrar por el rastreo informático de migrantes.
El periodista detrás de esta investigación, publicada el 21 de enero de 2026, es Olivier Petitjean. El contrato que revisó menciona un servicio llamado "skip tracing". "Consiste en localizar a los que consideran sospechosos. El término se usaba con los detectives de antaño que debían encontrar a personas desaparecidas. Hoy en día, ICE tiene acceso a muchas informaciones públicas, datos de seguridad social, informaciones de empresas, etc.”, explica Petijean.
“También datos de propiedad o en relación con agencias inmobiliarias que les proporcionan información. Es realmente una gran cantidad de información muy importante sobre la vida privada de las personas, que les permite localizarlas, saber dónde pueden encontrarlas. Por ejemplo: a qué escuela van sus hijos. Los que le dicen a ICE a donde ir a buscarlos son empresas como Capgemini”, subraya.
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ICE ha pagado 4.8 millones de dólares pero el contrato prevé primas para Capgemini con cada nueva redada.
"El contrato puede ascender a 365 millones de dólares. Se le pagará según el rendimiento, por así decirlo. Es el lado cínico del asunto. Cuantas más personas deporten, más serán remunerados. Por ahora, han recibido un primer pago, según las datos públicos disponibles, de 4,8 millones de dólares. Pero potencialmente, si la política de deportación toma la magnitud que desea la administración Trump, podría ascender a sumas mucho más importantes”, destaca.
Tras las revelaciones los primeros en indignarse fueron los propios empleados de la empresa francesa. Capgemini aseguró este miércoles 28 de enero que el contrato "no está, a la fecha, siendo ejecutado".
"Antes de publicar nuestro artículo, les solicitamos una reacción. Nunca nos respondieron. Tras el escándalo que dieron explicaciones que convencen a medias, diciendo que se trata de una filial muy particular porque está sujeta a obligaciones relacionadas con la seguridad nacional estadounidense. Por lo tanto, dicen no tener control sobre ese contrato, ni haber tenido conocimiento previo de ese contrato. Cuando una empresa con sede en Francia, como Capgemini, y una de sus filiales, incluso en el extranjero, tiene actividades que pueden ocasionar graves violaciones de los derechos humanos, como es el caso de las prácticas de ICE, la responsabilidad de la empresa puede ser cuestionada en el derecho francés", advierte.
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