El panel de tres jueces sostuvo que las personas que enfrentan la expulsión a un “tercer país” deben recibir con suficiente antelación una notificación clara sobre el lugar al que serán enviadas, a fin de poder plantear objeciones por posible persecución.
El Congreso ha establecido como política de Estado no deportar a personas a países donde su vida corra peligro o donde puedan ser sometidas a tortura.
“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para cuestionar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel unánime del tribunal de apelaciones.
EL DHS "niega la protección a una amplia franja de no ciudadanos"
La política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “negaría el acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino”, añadió el magistrado.
Estas deportaciones forman parte de la controvertida campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal. Cientos de migrantes hispanos han sido enviados a países africanos.
Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
Trump hizo campaña por la presidencia prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos y, desde su regreso a la Casa Blanca, ha tomado una serie de medidas para acelerar las deportaciones.
El gobierno defiende los traslados a terceros países como necesarios, argumentando que los países de origen de algunas de las personas sujetas a expulsión a veces se niegan a recibirlas. (AFP)
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