Según el informe de la comisión de investigación pública publicado el 20 de noviembre, se podrían haber evitado 23.000 muertes si el Gobierno británico hubiera impuesto el confinamiento una semana antes, en marzo de 2020. Las autoridades no supieron evaluar la gravedad de la amenaza sanitaria y desperdiciaron todo el mes de febrero, informa nuestra corresponsal en Londres, Émeline Vin. Febrero de 2020 fue “un mes perdido” y la falta de reacción del Gobierno es “inexcusable”, según la investigación.
El resultado: cuando el 16 de marzo de 2020 Boris Johnson pidió “esfuerzos” a los británicos, ya era demasiado tarde y la propagación de la covid-19 estaba fuera de control, por lo que el confinamiento era inevitable. Pero no intervino hasta el día 23, unos tres meses después del inicio de la epidemia, que comenzó en China antes de extenderse por todo el mundo.
El Reino Unido ha registrado uno de los balances más graves de Europa en relación con la pandemia, con unas 226.000 muertes.
El informe señala expresamente la responsabilidad del Gobierno de entonces, demasiado “optimista” a principios de 2020. Y añade que la actitud del propio Boris Johnson, primer ministro entre 2019 y 2022, “socavó el mensaje serio que se suponía que debía transmitir a la población”.
Cultura tóxica en Downing Street
Las 750 páginas del informe son reveladoras para el antiguo gobierno conservador. La jueza habla de la influencia tóxica de algunos asesores políticos, de la negativa a escuchar al personal sanitario y de una comunicación confusa. Por otra parte, las fiestas organizadas en la residencia del primer ministro —apodadas “partygate” y que más tarde contribuyeron a la caída de Boris Johnson— “debilitaron la confianza del público en las decisiones oficiales” y aumentaron el riesgo de que los británicos dejaran de respetar las normas del confinamiento.
Los gobiernos nacionales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte también son criticados por su lentitud y por la falta de coordinación con Londres. Errores que, por otra parte, se repitieron durante el segundo confinamiento, en el invierno de 2020.
Entre las recomendaciones figuran aclarar el proceso de toma de decisiones en caso de emergencia nacional, mejorar la comunicación con el público en general y tener más en cuenta las posibles repercusiones en los más vulnerables. El gobierno ha tomado nota de la publicación.
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