Por el corresponsal de RFI en Estambul
La exministra turca de Familia y Políticas Sociales, Fatma Betül Sayan Kaya, ha sido enviada a prisión de manera preventiva en relación al que ya es el mayor escándalo financiero del país euroasiático de la última década: la quiebra en cadena de 131 fondos de inversión, con un valor de mercado de más 18.000 millones de dólares que ha dejado a 455.000 ahorradores turcos atrapados.
A la exministra, que el pasado septiembre fue obligada a dimitir de su cargo de vicepresidenta del partido gobernante, se le acusa de utilizar información privilegiada para, junto a su marido, multiplicar por 13 una inversión que habían hecho en abril y retirarla en septiembre, apenas una semana antes de que se desatase la quiebra, con lo que la pareja se embolsó unos 40 millones de dólares en beneficios, que ahora se han visto obligados a devolver.
El marido de la exministra ha sido puesto en libertad pero con medidas de control judicial, pues se investiga a ambos por violar la ley del mercado de capitales y ser miembros de una organización delictiva. También ha sido liberado pero bajo vigilancia, el expresidente de la Junta del Mercado de Capitales, Ibrahim Ömer Gönül, hijo de un exministro de Defensa también del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.
Por el momento hay más de 400 personas investigadas, de las cuales más de un centenar están en prisión. El escándalo ha golpeado duramente al Gobierno, ya que las vinculaciones de estos fondos con altos cargos del partido y de la administración y del funcionario ha quedado patente. Los fondos funcionaban, en cierto modo, como una estafa piramidal, y ofrecían rendimientos de más del 100 % de la inversión inicial a base de atraer nuevos inversores y préstamos de bancos públicos, e inflar artificialmente las cotizaciones de valores con poca circulación bursátil.
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