El gobierno laborista británico, ante el lento crecimiento económico y deseoso de sanear las finanzas públicas, anunció este 18 de marzo reformas en las prestaciones a las personas discapacitadas y enfermas, para ahorrar 5.000 millones de libras (casi 6.500 millones de dólares).
Con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico, y la AFP
El anuncio de la ministra de Trabajo y Pensiones Liz Kendall, es una sacudida al sistema de subsidios británico con recortes en ayudas públicas valorados en unos 5.000 millones de libras a partir de 2029-30, que afectan principalmente a las personas con problemas de salud física y mental y con discapacidades.
Criterios de elegibilidad
La ministra ha explicado en su alocución al Parlamento británico que hay más de 3,6 millones de personas cobrando el subsidio por discapacidad, un 71% más que en 2020, antes de la pandemia. "El sistema de seguridad social que heredamos de los conservadores no ayuda a la gente que se supone debe apoyar y está frenando el progreso de nuestro país", expresó.
La medida más controvertida pretende endurecer los criterios de elegibilidad para la ayuda a las personas con discapacidad o enfermedades de larga duración, el Personal Independence Payment (PIP). Alrededor de 3,6 millones de personas, algunas de ellas trabajadoras, se benefician de esta ayuda, destinada a cubrir los costes relacionados con su enfermedad, de los cuales un 38% debidos a trastornos psiquiátricos.
"Existe un argumento tanto moral como económico", dijo un portavoz del primer ministro, Keir Starmer, quien explicó que el número de beneficiarios del PIP se volverá insostenible y que, desde la pandemia, muchos declaran "ansiedad y depresión como mal principal". "Necesitamos asegurarnos de que el PIP llegue a las personas adecuadas", agregó, haciéndose eco de los comentarios del ministro de Salud, Wes Streeting, de que los médicos "sobrediagnostican" las condiciones de salud mental.
Incentivar el regreso al trabajo
Uno de los objetivos es incentivar el regreso o incorporación de los ciudadanos al mundo laboral, por ejemplo con la introducción del llamado “derecho a intentarlo”, por el que la gente que recibe ayudas por enfermedad podrá probar a ejercer distintos empleos sin perder las ayudas de forma automática.
Con estos recortes el Gobierno pretende equilibrar las cuentas al subir el gasto en defensa para poder liderar las fuerzas pacificadoras en Ucrania. Estas medidas han provocado una fuerte división dentro del Partido Laborista, donde varios dicen que van en contra de sus principios. El Gobierno se defiende diciendo que esto es una herencia de los conservadores.
Reino Unido gastó 296.300 millones de libras (384.000 millones de dólares) en ayudas sociales en 2023 y 2024, equivalente al 11% de su PIB, según cálculos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que supervisa el gasto del país.
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