La desactivación de cuatro equipos especiales de fiscales que investigaban casos de corrupción política y judicial, y violaciones a los derechos humanos, es un duro golpe a estos procesos.
Los equipos especiales “Lava Jato” y “Contra la corrupción en el poder” veían la corrupción política de alto nivel y habían logrado las condenas de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, y tenían casos abiertos contra los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Dina Boluarte. Investigaron y acusaron por corrupción a la candidata presidencial Keiko Fujimori. Decenas de casos siguen abiertos.
Los otros dos equipos fiscales desactivados llevaban los casos de la mafia judicial, “los cuellos bancos”, y del medio centenar de muertos por la represión a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
Los casos que veían estos equipos especiales se distribuirán entre distintas fiscalías, lo que debilita las investigaciones y los juicios ya iniciados.
La desactivación de estos equipos fiscales fue ordenada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señalado de integrar la mafia judicial de “los cuellos blancos” y considerado funcional a los intereses de la mayoría parlamentaria, encabezada por el fujimorismo, que busca tumbarse los procesos anticorrupción y de derechos humanos.
Esto ocurre en un contexto de copamiento del sistema de justicia por esa mayoría parlamentaria.
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